La UE investiga si el material policial regalado por Sánchez a Senegal se usó para reprimir a civiles
La unidad senegalesa formada por la Guardia Civil, a la que se le entregaron vehículos, ha participado en las revueltas
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El pasado mes de febrero, el Gobierno de Senegal, uno de los pocos aliados que le quedan a la Unión Europea en la región, decidió aplazar las elecciones presidenciales, que finalmente se celebraron la pasada semana. Eso provocó una oleada de manifestaciones y protestas civiles por todo el país, que fueron reprimidas con dureza. E incluso con muertos. En la respuesta a esas marchas, tal y como ha revelado una investigación internacional, participaron unidades policiales formadas por la misión de los Grupos de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil -la llamada misión antiterrorista GAR-SI SAHEL, salpicada también por la trama del Tito Berni-. El Gobierno de Sánchez también les entregó material policial a las fuerzas de Senegal con cargo a fondos europeos. Ahora, la UE investiga a qué fue empleado todo ese dinero.
Según fuentes del Parlamento Europeo a las que ha tenido acceso OKDIARIO, Bruselas ha abierto una investigación interna sobre la participación de unidades policiales senegalesas formadas con fondos UE en la represión callejera en la que el país africano lleva sumida ya cerca de dos meses.
Las unidades formadas por la Guardia Civil, que dio por zanjada esta misión en septiembre de 2023, deberían estar desplegadas en misión antiterrorista en la frontera con Malí. Sin embargo, una investigación de la cadena árabe Al Jazeera publicó imágenes e informes que demostraban la presencia de estas unidades GAR-SI locales en la respuesta a las protestas callejeras contra el Gobierno senegalés.
Entre el material entregado por la UE a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración de Políticas Públicas (FIIAPP) hay, por ejemplo, vehículos blindados. Los mismos que fueron avistados en esas operaciones policiales recientes en Senegal, desde los que se disparaban lo que parecen gases lacrimógenos.
Deux blindés de la gendarmerie suivent le convoi du président Ousmane SONKO 🇸🇳 et tirent des grenades lacrymogènes aux foules qui tentent d'arrêter le convoi pour l’accompagner.#caravanedelaliberté pic.twitter.com/2QKlkUJjIh
— Ⓜ️ister Bakhdad2️⃣.0️⃣🇸🇳🇨🇦 (@BakhdadO) May 27, 2023
«Cuando la Comisión tiene conocimiento de posibles casos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte al presupuesto de la UE, adopta todas las medidas que considera oportunas de conformidad con el marco jurídico aplicable e informa de ello a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, en su caso, a la Fiscalía Europea», ha explicado la UE ante casos similares de mal uso de esos fondos. Y España no es la primera vez que está en el foco.
La rama ‘Tito Berni’
No es la primera vez que la misión antiterrorista de la Guardia Civil en el Sahel se ve salpicada por la polémica. Se acaba de cumplir un año de la eclosión del llamado caso Tito Berni, en el que un diputado del PSOE -Juan Bernardo Fuentes Curbelo- ayudó, a cambio de comisiones, banquetes y fiestas con cocaína y prostitutas, a conseguir contratos con la administración a toda una trama empresarial.
En ese caso también saltó a la palestra la misión GAR-SI SAHEL, ya que un general de la Guardia Civil que había ostentado la jefatura de la operación había participado presuntamente en los negocios de la trama para lograr adjudicaciones en contratos de material policial. Por ejemplo, para el suministro de drones de vigilancia que fueron entregados a la policía senegalesa, a quien la Guardia Civil formó para su utilización contra el terrorismo.
Aquellas adjudicaciones, realizadas por el Gobierno español a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración de Políticas Públicas (FIIAPP) con cargo a fondos europeos, terminaron ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y ante la Fiscalía Anticorrupción europea. Con el aviso, además, de que España podría perder la gestión de este plan de seguridad en caso de que se demostrase el mal uso de fondos. En total, la misión costó 74 millones de euros.
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