La UE afea a Sánchez la tibieza contra la corrupción mientras él la relaja en favor de Junqueras

El plan de Pedro Sánchez para rebajar las penas por malversación a Oriol Junqueras y el resto de los golpistas, en una nueva cesión al independentismo, choca con las preocupaciones que la Comisión Europea trasladó recientemente al Gobierno español en lo relativo a la lucha contra la corrupción.

El tercer Informe sobre el Estado de Derecho, elaborado por las autoridades comunitarias cada año y que recoge las principales recomendaciones a los Estados miembros, pone el foco en la «alta corrupción», referida a las causas que afectan especialmente a los dirigentes políticos. El informe, presentado este año, subraya que delitos como «el cohecho, el fraude y la corrupción en la Administración Pública siguen siendo los principales riesgos de corrupción grave en España». Entre sus recomendaciones, se considera necesario «abordar» la duración de las investigaciones y juicios, particularmente, para ser más eficaces en la tramitación de casos de corrupción de alto nivel, porque «los procedimientos siguen siendo largos y complejos».

El análisis del Ejecutivo europeo sobre el estado de la corrupción en España es extenso, lo que demuestra su enorme inquietud. La Comisión concluye que existe una «falta de eficiencia» en el «manejo de casos de corrupción de alto nivel», que atribuye fundamentalmente a «la escasez de fondos y de experiencia». La UE sí valora, no obstante, que «en cuanto a la prevención de la corrupción, España sigue desarrollando un sólido marco de integridad para la Administración Pública», y confía en la «adopción de un Plan Nacional Anticorrupción», que Sánchez anunció al inicio de la legislatura y del que aún nada se sabe.

Malversación

Pese a esa preocupación, el presidente socialista se dispone a aprobar una reforma del delito de malversación para abaratar sus penas y beneficiar así a los dirigentes condenados por el procés. En el caso concreto de Oriol Junqueras, la reforma del Código Penal pactada entre el Gobierno y ERC rebajaría su condena de inhabilitación y acercaría la posibilidad de concurrir a unas eventuales elecciones. Oriol Junqueras, indultado por Sánchez, conserva aún la pena de inhabilitación de 13 años que le impuso el Tribunal Supremo.

La enmienda acordada entre PSOE y ERC propone crear un nuevo tipo de malversación que pena con hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación a «la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado», «si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado».

Además de rebajar considerablemente las penas -la inhabilitación llega en la actualidad a los 20 años y la cárcel, a los 12- en el caso de que no se aprecie ese daño o entorpecimiento, la inhabilitación sería casi mínima, entre uno y tres años.

Se estima que los líderes del procés desviaron una ingente cantidad de dinero público, de unos 2,3 millones de euros. Sin embargo, ERC considera que «la organización del [referéndum ilegal del] 1 de octubre» no tendría acomodo en ese tipo penal, «y menos aún con penas de prisión, dado que no se produjo ningún daño ni entorpecimiento grave del servicio público». El Tribunal Supremo tendrá que revisar así las inhabilitaciones, puesto que los dirigentes separatistas encabezados por Oriol Junqueras ya fueron indultados por Sánchez.

La enmienda plantea, asimismo, que si el culpable de cualquiera de los nuevos tipos de malversación propuestos, sea con o sin ánimo de lucro, «hubiere reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público antes del inicio del juicio oral o hubiera colaborado activa y eficazmente con las autoridades o sus agentes para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos, los jueces y tribunales impondrán al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados».