Anticorrupción advierte: casos como ‘Kitchen’ o ‘Lezo’ serán revisados con la malversación de Sánchez

La modificación del delito de malversación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez entra en vigor este jueves 12 de enero. Los tribunales de toda España viven días agitados. Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO aseguran que los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y en las audiencias provinciales han comenzado a examinar uno a uno todos sus causas. «Comienza el carrusel de la malversación, como ocurrió con los violadores que se vieron favorecidos por la Ley de Irene Montero del sólo sí es sí», explican fuentes judiciales.

Y es que la Audiencia Nacional ya ha abierto la veda a examinar el primer caso de corrupción que podrá beneficiarse de la reforma del Gobierno, tal y como ha adelantado OKDIARIO en exclusiva. Se trata del caso Acuamed, la trama de corrupción en la que se investigan presuntas adjudicaciones fraudulentas de contratos «inflados» para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014 bajo los gobiernos de PSOE y PP, los investigados están a punto de beneficiarse de la reforma del delito de malversación impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En un auto, el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que revise el escrito en el que pedía penas de prisión de más de nueve años para los cabecillas de la trama que afecta a directivos nombrados durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Esta causa de corrupción también afecta al PSOE, pero la rama socialista se instruye en un juzgado de Valencia y no en la Audiencia Nacional. En esas diligencias se investigan la presunta financiación ilegal del PSOE nacional a través de esta empresa pública durante los años 2007 y 2008. Y las cifras barajadas se elevan hasta, al menos a 7,45 millones de euros en 2007 y un total de 13,96 millones entre ese año y 2009, cuantías que habrían servido para financiar al PSOE en las elecciones generales de 2008 y cuyo pago se habría repartido entre esos tres años. Fuentes judiciales consultadas por este periódico señalan que «la rama socialista del caso Acuamed» también podrá verse beneficiada por la reforma del delito de malversación impulsada por Sánchez.

Otras causas

La Fiscalía Anticorrupción ya ha advertido de que tendrá que revisar otros grandes casos de corrupción como Kitchen o Lezo, que posiblemente tendrán condenas más bajas con el cambio legislativo aprobado por el PSOE. En los próximos días, el Ministerio Público tiene que presentar el escrito de acusación de la pieza separada número 7 del caso Villarejo. En ésta figuran como investigados el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, así como la ex cúpula de la Policía, por supuestamente poner en marcha un operativo policial para recuperar información sensible para altos cargos del Partido Popular en manos del ex tesorero de dicha formación, Luis Bárcenas.

También podrían acabar beneficiándose de la reforma del Código Penal los imputados en el caso Lezo, que investiga la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao, en el que supuestamente se habría pagado un sobreprecio de hasta un 65 % con un perjuicio de la Administración autonómica por un importe entre 6,4 y 9,6 millones de euros. Entre otros, el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González está acusado de fraude y malversación y podría verse beneficiado en este último supuesto por la reforma ahora impulsada por el PSOE. La fiscalía ya presentó su escrito de acusación en el que solicita para González una pena de ocho años de prisión y ahora deberá decidir si modifica esta petición.

Y es que la reforma pactada por el Gobierno con sus socios independentistas de ERC beneficiará a todas aquellas causas de corrupción en las que no ha existido un «lucro personal». Con esta reforma, la malversación se castigará ahora con entre uno y cuatro años de cárcel y entre dos y seis años de inhabilitación a «la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado», siempre y cuando «resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado». En el caso de que no se aprecie ese daño la única pena sería la inhabilitación de entre uno y tres años y una multa de tres a 12 meses. Por lo que comienza en cascada a examinarse las causas firmes, que afectan a más 500 corruptos, y todas aquellas que aún están investigándose que podría triplicar la cifra.