El Tribunal Supremo cita a declarar como imputado a Alberto Casero por prevaricación

Alberto Casero, el diputado del PP que saltó a los medios de comunicación tras propiciar la aprobación por la mínima de la reforma laboral, tendrá que declarar en el Tribunal Supremo como investigado por un presunto delito de prevaricación continuada durante su etapa como alcalde de Trujillo.

Así lo ha acordado el magistrado Andrés Palomo, que lo ha citado el próximo 20 de junio para que preste declaración voluntaria en el marco de la causa en la que se investigan determinados acuerdos y contratos de servicios que presentan «indicios racionales de criminalidad». En concreto, según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se investiga si Casero, como primer edil de Trujillo, adjudicó contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la Ley de Contratos Públicos.

Fue en el mes de febrero cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad cacereña remitió al Tribunal Supremo la investigación abierta contra el entonces secretario ejecutivo nacional y mano derecha de Teodoro García Egea. En la exposición razonada remitida al Alto Tribunal, la magistrada señalaba que los hechos «podrían constituir un delito continuado de prevaricación administrativa» porque Casero no siguió «el procedimiento legalmente establecido» a la hora de firmar una serie de contratos e ignoró «el servicio prioritario a los intereses generales, el sometimiento pleno a la ley al derecho y la absoluta objetividad en el cumplimiento de sus fines».

Apuntaba, además, que a lo largo de la investigación «ha quedado acreditado que el 3 de marzo de 2017, Casero contrató a Pablo Bonilla en calidad de psicólogo para asistir a mujeres víctimas de violencia de género, que éste cobró facturas por esos trabajos por importe de más de 6.000 euros a pesar de estar dado de baja de la Seguridad Social, y que firmó con él un contrato menor en agosto de ese año por valor de 18.000 euros anuales»

Según indicó la magistrada, Casero «no informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó expediente de contratación, ni se recabó informe del órgano de contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto». Tampoco consta que el psicólogo realizara los servicios por los que presentó factura. De hecho, la propia Comisión de Violencia de Género aseguró que «no le consta ninguna actuación» de Bonilla en dicho órgano.

Del mismo modo, la exposición razonada exponía que Casero firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Perú por el que se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiarlo. Pero Casero no informó a los servicios económicos ni jurídicos del consistorio y no aportó copia del convenio al interventor.

Por todo ello, el diputado del PP tendrá que responder ante los magistrados del Tribunal Supremo en calidad de investigado.