El Supremo, tras escuchar a Puigdemont: «¿Se va a amnistiar a quienes volverán a hacerlo?»

«¿Amnistía para quienes volverán a delinquir?». Con esta frase han recibido los jueces del Tribunal Supremo la comparecencia del ex presidente de Cataluña Carlos Puigdemont para anunciar que se presentará como candidato de Junts a las próximas elecciones catalanas, volver a España y así retomar sus planes independentistas para acabar lo que quedó sin hacer. «Se van amnistiar delitos a personas que dicen que los van a volver a cometer, es un despropósito», lamentan los magistrados, que se muestran atónitos ante los planes del ex presidente de la Generalitat de volver a la senda de la independencia pese a ser un prófugo de la justicia por estos hechos.

Carles Puigdemont no ha cambiado de discurso. La idea que proclama el ya candidato a la presidencia de Cataluña de Junts es la necesidad de «restituir» una parte de lo que se vino abajo con el estallido del procés. Estos planes han sentado como un jarro de agua fría en el Supremo que tildan de «patada en la boca» todo lo que está ocurriendo con la amnistía que borrará los delitos cometidos por el independentismo y provocará la vuelta a España de Puigdemont. 

 «Estuvimos años juzgándoles, costó mucho llevar a cabo el juicio del procés y ahora todo se perdona, el único consuelo es que Puigdemont ha estado siete años en el exilio», destacan fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO.

La resignación en el Tribunal Supremo es patente desde que saliera a la luz la previsible aprobación de la Ley de Amnistía. Ahora, con los planes de Puigdemont para culminar lo que el independentismo no pudo en 2017, este sentimiento de derrota se acentúa. «Jamás lo imaginamos, si nos dijeran hace siete años que esto iba a pasar no lo hubiéramos creído», sostienen fuentes del Alto Tribunal.

«Han resucitado el procés»

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tratado de disfrazar su Ley de Amnistía en un texto legal que permitirá supuestamente pacificar a catalanes y españoles. En el texto, se menciona a la amnistía de 1977 que sirvió para reconciliar a los españoles tras el franquismo. Gracias a este texto, los independentistas señalan que la amnistía actual tiene por tanto cabida en la Constitución Española pese a que en la Carta Magna no está prevista en ningún punto esta ley.

Esta comparación también causa estupor entre los magistrados que declaran que el contexto político y social de 1977 nada tiene que ver con el de la actualidad. «Esto no sirve para pacificar nada, el procés ya estaba olvidado y han resucitado heridas, además han dicho que lo van a volver a hacer», lamentan fuentes jurídicas consultadas por este periódico.

«La actual amnistía, a diferencia de la de 1977, no aspira a instaurar un orden constitucional democrático, sino a romper el ya existente. Es el pago a unos grupos separatistas que, como ellos mismos proclaman si tapujos, no reconocen la Constitución española», expresan desde la Plataforma Cívica Independencia Judicial.

En cualquier caso, desde esa entidad prevén que «la normativa no tiene recorrido ante la Justicia Europea, pues viola los más elementales principios del marco jurídico supranacional. A ello no obstan las últimas modificaciones en los delitos de malversación y de terrorismo, dado que no han hecho ni un ápice más inmune a la ley frente al incumplimiento de las Directivas aplicables. Siguen incumpliéndolas». Por tanto, a su juicio, «la obstinación en esta aventura antijuridica no conduce más que a un callejón sin salida».

Lograr la independencia

Pero ahora Puigdemont se dispone a volver de Bélgica con la amnistía bajo el brazo, un texto con el que pretende anular todas sus causas pendientes con la Justicia española. El líder catalán rebobina la cinta hasta octubre de 2017 y rescata sus planes secesionistas: «Hay terminar la faena para sacar a Cataluña del letargo y lograr que sea reconocida como una de las naciones del mundo».

Para ello, Puigdemont ha prometido que si llega a ser presidente de la Generalitat propondrá «un referéndum de autodeterminación, no una consulta» durante la legislatura, algo que la Justicia española declaró inconstitucional.