El Supremo asumirá la causa contra Artur Mas por el referéndum ilegal del 9N

El Tribunal Supremo asumirá con toda probabilidad la causa abierta contra el ex presidente de la Generalitat Artur Mas por la celebración del referéndum ilegal de independencia del 9N.

El juez de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que instruye la causa ha dictado un auto en el que aprecia indicios de los delitos de prevaricación, desobediencia o malversación de fondos públicos en la actuación del ex conseller de Presidencia Francesc Homs respecto a la celebración del referéndum.

Tras las elecciones generales del 20D, Francesc Homs es portavoz de CDC en el Congreso de los Diputados, por lo que tiene la condición de aforado. En consecuencia, el instructor anuncia en su auto que remitirá la causa al Supremo, la única instancia que puede juzgar a diputados nacionales y senadores.

Como paso previo, el juez ha acordado trasladar las actuaciones a Francesc Homs, por si «estima conveniente» personarse en el sumario para evitar encontrarse en una situación de indefensión.

El juez instructor ha dado este paso después de que la Fiscalía le remitiera el pasado día 2 un informe en el que advierte que también el ex conseller de Presidencia Francesc Homs pudo incurrir en una conducta delictiva.

En la causa abierta a instancias del abogado de Manos Limpias Pedro Muñoz también están imputadas, además de Artur Mas, su ex vicepresidenta Joana Ortega y la que fuera su consellera de Educación, Irene Rigau –como responsable de la red de institutos públicos de Secundaria en los que se celebró la consulta–.

Simularon que los voluntarios organizaban la consulta

Atendiendo al recurso presentado por el Gobierno de Rajoy, el Tribunal Constitución ordenó el 4 de noviembre de 2014 suspender todos los actos previstos por la Generalitat para celebrar el referéndum ilegal del 9N.

Sin embargo, añade la Fiscalía, la Generalitat presidida por Artur Mas decidió ignorar esta orden y siguió adelante con sus planes, simulando que asumían la organización de la consulta «voluntarios» de la sociedad civil.

Para ello, la Generalitat se sirvió de empresas privadas con las que mantenía contratos previos. El mismo día 4 de noviembre, el Departamento de Gobernación amplió el seguro de accidentes contratado con la compañía AXA, para cubrir a los 25.800 voluntarios implicados en la organización del referéndum.

Por su parte, la empresa postal Unipost, contratada con dinero público por la empresa del Boletín Oficial de la Generalitat, llevó a cabo el «envío masivo» de documentación invitando a los catalanes a participar en el referéndum ilegal.

Los presos confeccionaron las urnas y papeletas

Pese a la prohibición expresa del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo de Artur Mas mantuvo operativa la página web creada para la inscripción de los voluntarios.

La Generalitat también pagó con dinero público a la empresa Sertrans para que, los días 7 y 8 de noviembre, distribuyera por los colegios electorales las papeletas, urnas, sobres e impresos que habían sido confeccionados por reclusos del Centro Penitenciario de Ponent, a instancias del Departamento de Gobernación.

Por encargo del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat, presidido por el conseller Felip Puig, la empresa T-Systems se encargó de diseñar el programa informático instalado en 7.000 ordenadores portátiles para realizar el recuento desde los institutos convertidos en colegios electorales.

Los responsables de T-System se dirigieron por escrito a la Generalitat para conocer si la actividad contratada estaba afectada por la orden de suspensión del Tribunal Constitucional.

Las amenazas de Francesc Homs

Como conseller de Presidencia, Francesc Homs contestó con una carta en la que aseguraba que los servicios de T-System no estaban «explícitamente afectados» por la orden del Constitucional, pues se trataba de servicios encaminados a «facilitar el ejercicio del derecho a a libertad de expresión de los ciudadanos de Cataluña, que las Administraciones públicas estamos obligadas a facilitar».

A continuación, Homs lanzaba en su escrito una velada amenaza sobre la posibilidad de que los servicios jurídicos de la Generalitat tuvieran que actuar contra la empresa por incumplimiento de contrato.

En decir, el entonces conseller de Presidencia ordenó a la empresa, mediante amenazas, que desobedeciera la resolución del Tribunal Constitucional.

Por todo ello, tanto la Fiscalía como el juez instructor estiman que el actual portavoz de CDC en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, pudo incurrir en los delitos de prevaricación, desobediencia o malversación, lo que abocará a que la causa sea asumida por el Tribunal Supremo.