Reacciones al ‘caso Enredadera’: Cómo ha afectado la macrooperación municipio a municipio

Los hechos investigados en la Operación Enredadera, según la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Todos los consistorios aseguran que colaboran con la Justicia en aras de una total trasparencia. No obstante, cada institución ha detallado sus pparticularidades con respecto a la causa abierta.

Diputación de Alicante

Dos agentes de la Policía Judicial se han personado en el Palacio de la Diputación de Alicante para solicitar información respecto a la Operación Enredadera. Desde la institución niegan que se trata de un registro de las dependencias provinciales.

La Diputación dice que no ha adjudicado contratos a la empresa que aparece en la investigación (Gespol). Según las fuentes consultadas, la empresa investigada es una de las dos que se presentaron al proyecto para el desarrollo de un programa informático de colaboración entre policías locales. Un proyecto que no se ha adjudicado todavía y que surge de los sindicatos policiales.

Los servicios jurídicos están preparando un expediente con la documentación. «Es un procedimiento que entra dentro de la normalidad institucional e interadministrativa y que no implica ninguna otra acción posterior», indican.

Sant Vicent del Raspeig

El Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig (Alicante) ha confirmado que se trabaja en ofrecer la información requerida con «absoluta transparencia» y ha indicado, en un comunicado, que su colaboración con la Justicia está siendo «total».

Lérida

El Ayuntamiento de Lérida asegura que adjudicó el contrato de semáforos y radares a Arnó-Sice, «no a la que se investiga en la operación efectuada hoy en diferentes municipios del Estado (Gespol)».

La Policía Nacional ha tomado testimonio al cabo de la Policía Local responsable de los servicios informáticos en sede policial y que ha quedado en libertad. Ha entregado «toda la información que le han solicitado».

Mientras la Policía Nacional estaba en las instalaciones de la Policía Local, el alcalde, Àngel Ros, indicó que los agentes estaban vaciando el ordenador del cabo responsable de los servicios de informática, usuario «de una aplicación informática de uso muy común entre las policías locales».

Castilla y León

Se han realizado registros en León, Palencia, San Andrés del Rabanedo, Astorga y Villarejo de Órbigo (León). Entre los detenidos se encuentran un asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, y un edil naranja de San Andrés del Rabanedo (León) también diputado provincial (Ciudadanos ha iniciado su suspensión de militancia). También el empresario José Luis Ulibarri, investigado dentro del ‘caso Gürtel’.

León

En León, el alcalde, Antonio Silván, ha explicado que la intervención se ha limitado a solicitar información y documentación de contratos «semafóricos» sin realizar detenciones.

Desde el PSOE, Ana Sánchez ha asegurado que se suspenderá de militancia de manera «inmediata» a cualquier cargo socialista implicado. Uno de los ayuntamientos registrados, el de San Andrés del Rabanero (León), cuenta con alcaldesa socialista, María Eugenia Gancedo.

Palencia

El alcalde palentino, Alfonso Polanco, ha explicado que la empresa investigada, Gespol S.L, ha estado gestionando «algunos aspectos concretos» en la ciudad como los semáforos o las multas, desde 2011. El contrato «ha finalizado» y, en breve, saldrá un pliego para volverlo a adjudicar, presumiblemente a otra empresa.

Comunidad de Madrid

El vicepresidente y portavoz regional, Pedro Rollán, ha asegurado que si hay cargos del PP vinculados aplicarán el código ético. Incide en que se trata de una operación que afecta a «numerosos municipios de todo signo político» y que todavía, al estar desenrollándose, es «muy precipitado» hacer una valoración.

A preguntas de OKDIARIO sobre que los contratos con la empresa sospechosa se hacían en el marco de un convenio con la Comunidad, Rollán ha dicho que van a revisar todos los protocolos y convenios pero «la responsabilidad» es de los ayuntamientos que son quienes aplican los criterios de selección.

Navalcarnero

El Ayuntamiento de Navalcarnero ha negado vinculación directa: «El Gobierno actual (PSOE, Cambiemos y un concejal independiente) jamás ha contratado con ninguna de las empresas implicadas en la mencionada investigación».

Apuntan que «la Corporación anterior adjudicó en 2013 un contrato a la empresa Bilbomática de gestión de denuncias, un software de gestión policial y un radar móvil». «Duraba dos años y era prorrogable por otros dos, prórroga que hizo efectiva el equipo de Gobierno del PP en febrero de 2015», explican. Actualmente, la gestión de denuncias se gestiona directamente por la Policía Local.

Majadahonda

El Ayuntamiento de Majadahonda ha aclarado que la UDEF ha pedido información sobre «temas relacionados» con Gespol, «encargada de la gestión de multas de tráfico» y otros con la seguridad vial. La Policía Nacional investiga a un funcionario del Ayuntamiento.

Este Consistorio informa de una serie de puntualizaciones, como que en la localidad «sólo hay un semáforo» o que la gestión de las multas se adjudicó en 1998 mediante un convenio firmado por la Comunidad, la Federación Madrileña de Municipios (FMM) y diversos ayuntamientos «de tamaño mediano».

Ese convenio dotaba a los ayuntamientos de una herramienta para gestión de multas. «Según la información disponible, Majadahonda no ha pagado cantidad alguna» por el servicio. Ahora, está en proceso de «tramitación» un contrato «por procedimiento abierto» para el mantenimiento de dicha aplicación.

Torrelodones

Torrelodones ha admitido su «sorpresa» por el despliegue de agentes. Han requerido información sobre la contratación de software implantado en 2001. «Se ha entregado a la Policía el expediente de contratación para la ‘Infraestructura de innovación tecnológica para la solución de movilidad (…)’ financiado con Plan E», detallan. Fue un contrato «negociado sin publicidad y tramitación anticipada» al que «solo se invitó» a la empresa Bipliomática por razón de exclusividad. Fueron 200.000 euros en 2010. Se han entregado otros dos expedientes similares de 2016 y 2017.

El edil de Comunicación, Ángel Guirao, ha declarado a Europa Press: «Estamos sorprendidos y poco acostumbrados a que nos sucedan estas cosas. Nos hemos quedado un poco perplejos pensando qué pasaba», admite. Se han enterado de «cosas» que desconocían. La implantación del sistema «viene de antiguo» (2001) y cree que en «muchos» ayuntamientos «también les debe de coger de nuevas» por «venir de antiguo».

Fuenlabrada

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, afirma que la operación ‘Enredadera’ «no afecta» de momento a ninguno de sus ediles en Fuenlabrada, donde ha sido detenido el jefe de la Policía Local, José Francisco Cano, también secretario de Unijepol, organización que reúne a los jefes de diferentes policías municipales de toda España. El Ayuntamiento le ha abierto expediente disciplinario que «implica separación cautelar de funciones, para que se defienda adecuadamente, y garantizar la transparencia».

Franco ha dicho: «Intentamos ser coherentes. Cuando surge un caso de corrupción, primero presunción de inocencia y luego que se investigue hasta las últimas consecuencias». El PSOE suspenderá de militancia a los concejales socialistas que sean detenidos.

Guadarrama

El Gobierno local de Guadarrama ha destacado la «total colaboración» con la investigación. La documentación solicitada se centra los expedientes de contratación de la aplicación informática que utiliza la Policía Local y el mantenimiento de los semáforos «en concreto los expedientes desde el año 2012».

La licitación de semáforos fue realizada mediante un procedimiento abierto en el que se presentaron 4 ofertas. El único criterio, que era el económico, permitió la adjudicación a VALORIZA Y GESPOL por 13.700 euros. El primer contrato fue un procedimiento negociado por importe menor (14.374 euros anuales).

La alcaldesa, Carmen María Pérez del Molino, en «aras de la transparencia» ha convocado de forma «extraordinaria y urgente» a todos los grupos políticos para facilitar la documentación solicitada por la Policía Judicial. «De ahí se desprende la transparencia con la que se han tramitado ambos expedientes en la que incluso han participado los grupos políticos en las mesas de contratación», concluyen.

Arroyomolinos

Agentes de la Policía Nacional han detenido al alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez (Ciudadanos), dentro de la operación ‘Enredadera’. Ha prestado declaración en dependencias policiales. La dirección de Ciudadanos le ha suspendido de militancia. Un contrato de 2017 le implicaría.

Alcobendas

El oficial de la Policía local de Alcobendas, Julio Villegas, ha sido también detenido por la UDEF. Asimismo, los investigadores han pedido la colaboración del Ayuntamiento para revisar varios contratos a lo que han accedido. Posteriormente, este municipio ha revocado la atribución temporal de funciones al oficial. Además, el alcalde Ignacio García de Vinuesa ha anunciado la creación de una comisión específica de investigación interna.

Parla

El equipo de Gobierno de Parla (PP) se ha mostrado «tranquilo». Fuentes del Ejecutivo local han señalado que los agentes policiales se han personado a primera hora, han solicitado contratos sobre radares de 2014 y a concesiones referentes a la seguridad vial que se remontan hasta 2005.

Recuerdan que todos los procesos se llevaron a cabo en legislaturas pasadas cuando el PP no estaba en la alcaldía. El contrato de radares ya generó críticas tras conocerse que Bilbomática tramitó hasta 12.000 denuncias por velocidad en 2014. En febrero de 2015 el pleno aprobó una moción para cancelar el contrato y anular las multas. La entones alcaldesa, Beatriz Arcerdillo, suspendió cautelarmente el servicio, si bien después ha continuado activo en la ciudad.

Manzanares El Real

El alcalde de Manzanares El Real, Óscar Cerezal, ha negado que en el municipio haya contratado servicios a las empresas implicadas. En declaraciones a Europa Press, explica que el único semáforo cercano es uno en la carretera M-608 que gestiona la Comunidad. Desde el Ayuntamiento no tienen «relación alguna» con Gespol S.L.

Una nota de prensa de Anticorrupción incluía a la localidad entre los municipios afectados. Según el regidor, no es la primera vez que se confunde el municipio con Hoyo de Manzanares o Manzanares (Ciudad Real). Dice no tener relación de ningún tipo «ni actualmente ni en el pasado» con la empresa. El municipio no tiene «ningún sistema de cámaras de vigilancia ni radares en propiedad». Tampoco han recibido notificación alguna de autoridades judiciales o visitas de cuerpos de seguridad.

Hoyo de Manzanares

El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares defiende que ha realizado los «procedimientos» referentes al contrato de suministro de instalación de cámaras de tráfico, contratación tributaria y gestión de la Policía Local dentro de la «legalidad» y «cumpliendo los requisitos exigidos».

Han entregado copia de la documentación solicitada sobre cámaras. Este contrato fue adjudicado en un «procedimiento negociado legal», por 58.000 euros, al que «se invitó a participar a tres empresas». «Las cámaras de tráfico se instalaron para visualizar puntos conflictivos en el municipio», aclaran.

Revelan que la Junta de Gobierno Local en febrero denegó a la empresa la devolución de la fianza por la «incorrecta ejecución y por incumplimiento de contrato». La documentación solicitada también se refiere a la contratación de gestión tributaria y de gestión de Policía local: «Fue un contrato menor, adjudicado por 18.000 euros y ajustado a ley». Por último, se ha investigado el apoyo a la gestión recaudatoria, y aclaran que «aún no se ha adjudicado».

Pinto

El subinspector de Policía Local de Pinto, en funciones de jefe policial, también ha sido detenido en ‘Enredadera’ tras el registro practicado en dependencias municipales. El contrato bajo sospecha es de cámaras de vigilancia de seguridad, de febrero de 2015 por 64.457,55 euros, pocos meses antes de que el PP abandonase la alcaldía.

También se ha recabado información sobre contratos y facturas desde 2010 de Aplicaciones Gespol, S.L.; Bilbomática S.A.; y Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., presuntamente vinculadas a la trama.

Aldea del Fresno

Gespol recurrió en los tribunales el pliego de Aldea del Fresno para adjudicar el contrato de expedientes sancionadores. Según ha explicado el alcalde de la localidad, Guillermo Celeiro, hasta el momento no han recibido la petición de información relacionada con esta empresa en el Consistorio.

Cuando accedió al cargo, en 2011 se sacó a licitación el pliego para tráfico y que se adjudicó a Bilbomática, con la que funcionaban «muy bien». «Años después nos notificaron que había sido adquirida por Gespol. Nunca hemos tratado con nadie de esta empresa», ha añadido.

Los agentes de la Policía Local manifestaron que el aplicativo «era malísimo ya que las PDAs las habían abandonado». En enero se publicó el nuevo pliego para el servicio y Gespol «lo recurrió». «Se elevó al Tribunal de la Contratación y se resolvió a favor del Ayuntamiento. Finalmente, se llevó a la mesa de contratación, ya con la nueva Ley de Contratos y tampoco se presenta Gespol. Se adjudicó a la empresa Vialine».

El Escorial

El Escorial asegura que hasta el momento no les ha llegado la petición de información, pero que desde el Consistorio se «colaborará con quien se lo pida». Dicen no haber tenido «ningún contrato con Gespol» y que se trataba de una aplicación de la Comunidad que se ofrecía «de forma gratuita» para la «gestión interna de las sanciones por parte de la Policía Local».

Villanueva de la Cañada

La concejal de Seguridad de Villanueva de la Cañada, Julia Tortosa (PP), ha sido detenida. Fuentes de EP detallan que la edil ha sido conducida ya por la tarde a dependencias del Instituto Armado de Navalcarnero. La UDEF ha detenido en total este martes a 39 personas, de los que 18 pasarán a disposición judicial.

Tras conocerse la detención, el concejal de IU-Los Verdes Manuel Eleuterio  ha asegurado que, pese a pertenecer a formaciones políticas «antagónicas», tiene «mucha estima» hacia Tortosa. Cree que si ha habido alguna irregularidad de contratación, ella no la conocía o no se produjo durante su etapa al frente del área. Señala que los contratos que se analizan en el Consistorio con informes técnicos y que los concejales suelen seguir su criterio.