Rajoy valora utilizar el artículo 155 para disolver el Parlament y convocar nuevas autonómicas

El presidente Mariano Rajoy lo anunció en su comparecencia del pasado jueves, tras la sesión del Parlament que aprobó las leyes de «desconexión» con España: «Haré todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitar que se celebre el referéndum ilegal del 1-O».

Los servicios jurídicos del Gobierno ya han comenzado a analizar la aplicación del artículo 155 de la Constitución para disolver el Parlament y convocar nuevas elecciones autonómicas en Cataluña, si el president Carles Puigdemont sigue adelante con su desafío para declarar la independencia de Cataluña.

Las fuentes consultadas indican que la aplicación del artículo 155 se contempla en este momento como última medida extrema, que el presidente podría ordenar inmediatamente antes del 1-O, o una vez consumado el simulacro de referéndum de independencia.

Por el momento, no parece que Puigdemont vaya a dar marcha atrás. Este mismo fin de semana, se ha reafirmado en su voluntad de no acatar las resuluciones del Tribunal Constitucional y de los Juzgados: «Sólo el Parlament puede inhabilitarme», ha declarado.

Hay mayoría suficiente en el Senado

El artículo 155, que hasta ahora nunca se ha llegado a aplicar, indica literalmente: «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

En su segundo apartado, el artículo especifica que «para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas».

El PP cuenta con la mayoría cualificada suficiente en el Senado para aprobar esta medida sin el concurso de otros grupos políticos. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado que apoyará al Gobierno en todas las medidas que adopte para frenar el desafío secesionista, salvo la aplicación del 155.

Aunque nunca se ha llegado a desarrollar, los letrados del Gobierno estiman que este artículo de la Constitución facultaría al ejecutivo para destituir a todos los miembros del Govern (sobre los que ya pesar la amenaza de inhabilitación por convocar el referéndum ilegal), asumir las competencias del presidente Carles Puigdemont y convocar nuevas elecciones autonómicas.

Tomar el control de los Mossos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía contra el presidente Carles Puigdemont y los miembros de su Govern por los delitos de desobediencia grave, prevaricación y malversación de fondos públicos (un delito que puede acarrear penas de prisión).

La Justicia ha dado instrucciones a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra para que adopten las medidas necesarias para impedir la celebración del referéndum ilegal. El Gobierno se reserva también la facultad de aplicar la Ley de Seguridad Nacional para tomar el control de los Mossos, si fuera preciso.

La «Ley de Transitoriedad» aprobada la pasada semana por el Parlament ya supone, de facto, una declaración de independencia: la Generalitat y la Cámara autonómica han roto el marco constitucional y se niegan a acatar la legislación española. Carles Puigdemont ha insistido en que, si es inhabilitado por los tribunales, desobedecerá esta resolución y continuará ejerciendo como president.

De este modo, el Gobierno de Rajoy ya ha comenzado a elaborar las previsiones para aplicar el artículo 155 y disolver el Parlament, si llegado el último extremo Puigdemont se niega a frenar sus planes.