Quien ‘mantenga’ a Puigdemont en Bruselas se arriesga a responsabilidades penales

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 09/11/2017 02:33
  • Actualizado: 09/11/2017 02:33

Quien sufrague la estancia de Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que permanecen con él en Bruselas se arriesga a responsabilidades penales por colaboración con un presunto delito de desobediencia, según señalan fuentes jurídicas a OKDIARIO.

El coste de la presencia de Puigdemont en Bélgica es una incógnita, como también quién está detrás de esos gastos. Las posibilidades son varias: el empresario, Josep María Matamala, uno de los amigos más fieles de Puigdemont e inseparable en la estancia del expresident en Bruselas, podría haberse hecho cargo de las facturas en sus primeros días en la capital belga. Se apunta, además, a las asociaciones ANC y Òmnium, ambas convertidas en referentes de la organización civil por la independencia y cuyos líderes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, permanecen en prisión por presunto delito de sedición.

Otras vías se remiten incluso a posibles aportaciones de los eurodiputados independentistas Ramón Tremosa y Josep Maria Terricabras o a las asociaciones de catalanes en el exterior, los denominados ‘casals’, subvencionados por la Generalitat.

La estancia de Puigdemont en Bruselas podría alargarse hasta tres meses, en caso de que se agoten todos los plazos de recursos a la orden de extradición emitida por España. Un tiempo que implica una factura considerable. A ello hay que sumar que el expresident está dispuesto a hacer campaña desde la ciudad belga, con lo que ello supone en desplazamientos y alojamiento. Y sin olvidar el coste de los abogados. El asesor de Puigdemont, Paul Beckaert, conocido letrado especialista en derechos humanos y extradiciones-y abogado en su día de varios presos de ETA- es uno de los más caros del país.

Puigdemont dispone de un patrimonio de 294.000 euros, según su última declaración. Sin embargo, el expresident asegura disponer únicamente de 14.000 euros en sus cuentas bancarias. Más precaria es la situación de los exconsellers que le acompañan. Lluís Puig (Cultura) dice tener 0 euros en el banco, pero sus deudas ascienden a 59.366 euros. Meritxell Serret (Agricultura) declara 25.443 euros y debe 110.770 euros. Toni Comín (Salud) tiene 44.000 euros ahorrados y Clara Ponsatí no aporta información. Serret y Comín tienen como abogado a Gonzalo Boye, condenado en su día a 14 años de cárcel por colaborar con ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla.

El viaje de alcaldes a Bruselas

A esto se añaden las dudas, aún no del todo resueltas, sobre quién sufragó el acto de los alcaldes de este martes en Bruselas. Según los organizadores, las asociaciones municipalistas AMI y ACM, los gastos del viaje corrieron a cargo de los propios regidores, algunos de los cuales reconocieron-como reveló OKDIARIO- que habían recurrido a las arcas municipales. Los regidores fletaron un vuelo charter para desplazarse a la capital belga, que podría llegar a los 30.000 euros y algunos aseguraron haber pagado entre 200 y 300 euros por persona.

Además, el alquiler del local-un céntrico y conocido centro de conferencias y arte, el Bozar- llegaría a los 10.000 euros, según algunas fuentes. Los encargados de hacer la reserva, los eurodiputados Ramón Tremosa, Josep María Terricabras y Jordi Solé, descartan haberlo costeado y afirman que sus cuentas del Parlamento Europeo están «muy controladas».

El ministerio de Hacienda ha advertido a los regidores de que para que esos gastos se pudieran cargar al erario público lo tiene que autorizar el interventor municipal y podría suponer una irregularidad. Fuentes del ministerio aseguran que «irán viendo» si inician algún tipo de investigación sobre las posibles responsabilidades.

Las mismas fuentes también advierten del pago de este viaje por parte de las asociaciones y recuerdan que éstas reciben aportaciones de los ayuntamientos, por lo que si hubiesen pagado el viaje lo podrían estar haciendo con el dinero público que aportan los propios ayuntamientos. Es decir, que lo estarían pagando los ayuntamientos de manera indirecta.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá ha recordado este miércoles que los ediles deberían correr personalmente con los gastos de esa visita y no cada ayuntamiento, mientras que el de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha considerado «recomendable» que cada uno pagara lo suyo porque no iban a un acto oficial «en representación» de los municipios.

Muy escéptico se ha mostrado el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, sobre quién ha abonado el viaje al afirmar que «no se traga nadie» que lo hayan pagado de su bolsillo.