Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 13 días: Adamuz y Urda, 115 muertos en nueve meses
Dos accidentes de alta velocidad, 115 muertos y apenas nueve meses entre ambas tragedias

Dos accidentes de alta velocidad, 115 muertos y apenas nueve meses entre ambas tragedias. Los siniestros de Adamuz, el 18 de enero de 2026, y Urda, el 28 de octubre, han puesto en cuestión la gestión ferroviaria del Gobierno de Pedro Sánchez. El balance acabó precipitando la dimisión de Óscar Puente, pero su salida de Transportes no resuelve las preguntas sobre los fallos de seguridad y las responsabilidades pendientes.
En Adamuz, Córdoba, un Iryo que viajaba de Málaga a Madrid descarriló e invadió la vía por la que circulaba un Alvia con destino a Huelva. Murieron 46 personas. Puente calificó el accidente de «tremendamente extraño» y destacó que la vía estaba renovada. Sin embargo, la investigación centró sus pesquisas en una rotura localizada en la soldadura entre dos carriles de distinta antigüedad.
Antes de que se esclareciera aquella tragedia llegó la de Urda, Toledo. Un AVE alcanzó por detrás a un Iryo detenido, con un balance de 69 fallecidos. Las primeras investigaciones apuntaron a las decisiones adoptadas para autorizar la circulación, aunque las causas y responsabilidades definitivas siguen pendientes de esclarecer.
La respuesta política estuvo marcada por las contradicciones. Puente rechazó inicialmente dimitir y sostuvo que asumir responsabilidades consistía en dar la cara. También afirmó que Sánchez le había pedido continuar porque consideraba injusta su marcha. El presidente, entretanto, reconoció que la confianza en la alta velocidad estaba quebrada.
El 3 de noviembre, Puente anunció finalmente su dimisión en el Congreso. Ese mismo día, el Gobierno presentó medidas extraordinarias de seguridad, entre ellas una segunda validación de determinadas órdenes de circulación cuando fallara el sistema LZB. El refuerzo llegó después de la segunda catástrofe.
Para las víctimas de Adamuz, la marcha del ministro llega «tardísimo». Mientras, la autoridad investigadora ya ha advertido de que su informe superará el plazo inicial de un año. Dos tragedias mortales después, el Gobierno deja una crisis de confianza y unas familias que todavía esperan respuestas completas.