Los proetarras celebran que 52 terroristas verán recortadas sus penas tras la ‘reforma Txapote’

Sare, la plataforma de apoyo a los presos etarras, cifra en 52 los miembros de la banda terrorista ETA que podrán acogerse a la reforma legal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez que permite convalidar las condenas que han cumplido en otros países como Francia, reduciendo sus penas de cárcel y acercando su excarcelación. Además, asegura que siete presos etarras deberían ser excarcelados antes de que acabe el año.

Además, aseguran que los presos etarras afectados podrían «reclamar responsabilidad patrimonial». La plataforma proetarra cifra en 48 los miembros de la banda terrorista que se encuentran en centros penitenciarios vascos y cuatro en prisiones francesas, con procedimientos abiertos en España. En total, Sare afirma que hay un total de 144 presos etarras que cumplen condena en diferentes regímenes.

Joseba Azkarraga y Begoña Atxa, portavoces de la plataforma proetarra, han realizado este jueves una rueda de prensa para celebrar la reforma legal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para reducir las penas a presos etarras, tras haberlo pactado con Bildu. Ambos han recordado que PP y Vox votaron a favor de tramitar esta reforma en el Congreso, aunque luego intentaron paralizar la norma en el Senado. La Cámara Baja optó finalmente por ordenar su publicación en el BOE tras consultar a los servicios jurídicos de la cámara encabezados por Fernando Galindo, nombrado letrado mayor por la presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol.

Los representantes de Sare han recalcado que sus estimaciones han sido realizadas «con cautela» porque será cada preso de la banda terrorista ETA el que tendrá que solicitar su reducción de condena, reiterando que son 52 los reclusos que podrán acogerse a esta reforma legal, precisando que siete de los cuales ya habrían cumplido su condena cuando se acumulen las penas.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) cifró desde el principio en 44 el número de presos etarras que se podrían beneficiar de la reforma legal y que serían siete los excarcelados de forma inmediata.

Desde Sare han explicado que 15 presos que están hoy en libertad «podían haber salido ya hace años de prisión» aplicando esta acumulación de penas, al tiempo que afirman que no hay «reparación por la parte de libertad que perdieron».

Joseba Azkarraga ha señalado que los datos ofrecidos por su asociación han sido realizados «con cautela», debido a que la aplicación de la nueva norma «no se puede calcular de manera precisa», al «producirse en estos últimos diez años vicisitudes de todo tipo, que alteran o modifican el efecto de la aplicación».

En este sentido, ha puntualizado que una vez que la ley esté publicada en el BOE, será «cada preso quien pedirá a la Audiencia Nacional el cómputo de las penas» lo que «va a llevar un trabajo», por lo que ha pedido que el proceso «no se dilate de manera torticera» por parte de este tribunal, «y se proceda con agilidad, ya que se han realizado suficientes daños ya por los años de cárcel duplicados». Además, ha apuntado a la posibilidad de que los presos etarras afectados por «la duplicidad» de penas «puedan reclamar responsabilidad patrimonial» por haber pasado más años en la cárcel. «Se abre esa puerta. Aunque Sare, como asociación, no lo solicitará, puede pedirlo cada preso individualmente», ha apostillado.

Piden quitar la pena máxima

La plataforma de apoyo a los presos etarras ha abogado por «continuar desarrollando el modelo penitenciario vasco, uno de cuyos principales objetivos es abordar el cumplimiento de las penas de prisión en otras modalidades que no sean las de estricto cumplimiento en prisión, entre rejas».

Sare ha pedido también la derogación de la Ley Orgánica 7/2013, al tratarse de «una ley de excepción que condena de por vida a los presos, obligándoles al cumplimiento íntegro y efectivo de penas de hasta 40 años». Por último, ha realizado un llamamiento a la sociedad para secundar la manifestación proetarra del próximo 11 de enero y que «la inmensa mayoría muestre que todavía hay que modificar algunas situaciones».

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha advertido este jueves de que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere reformar el Código Penal para quitar la pena máxima de 40 años a los presos etarras, el límite máximo de cumplimiento que se introdujo en la legislación española en 2003. Fue el Gobierno del PP de José Maria Aznar el que lo introdujo en el Código Penal.

«Lo advertimos ya, lo van a hacer pronto, lo digo para que a nadie se le pase esta vez», ha afirmado la presidenta de la AVT, Maite Araluce, después de que el Ejecutivo impulsase la reforma de la ley para beneficiar a más de 40 presos de la banda terrorista ETA rebajando sus penas y acercando su excarcelación.