Podemos tras la ley Montero: teme que la malversación urdida por PSOE y ERC libere a «corruptos del PP»

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política, PP, Congreso y Senado
• • 10/12/2022 06:45
  • Actualizado: 10/01/2023 12:55

En Podemos hay pánico a que la reforma del delito de malversación urdida por PSOE y ERC derive en un fiasco como el de la ley del sólo sí es sí (también conocida como ley Montero o de Libertad Sexual), cuya aplicación por parte de los tribunales de justicia ha provocado ya 13 excarcelaciones y rebajas de penas a más de medio centenar de agresores sexuales, violadores y pederastas.

Fuentes parlamentarias de Unidas Podemos admiten en privado su preocupación ante la posibilidad de que la rebaja de la malversación planteada por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), en negociación con el PSOE, acabe beneficiando a «corruptos del PP», con rebajas de condenas e incluso con su puesta en libertad. En principio, los separatistas promueven esta reforma para rehabilitar a los condenados por el golpe del 1-O, como es el caso del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, a fin de que pueda presentarse a los próximos comicios.

En este contexto, las mismas fuentes de Podemos señalan que han dado orden a los servicios jurídicos del grupo parlamentario de mirar con lupa la enmienda de ERC, la cual pretende modificar el delito de malversación que afecta a autoridades y funcionarios distinguiendo si esa apropiación indebida de bienes conlleva o no ánimo de lucro para la persona, de forma que fija penas más bajas para quienes no se beneficien personalmente del delito.

En concreto, la propuesta de ERC que retoca el artículo 432 del Código Penal plantea condenas con horquillas de prisión de 2 a 8 años para los casos más graves en los que exista «ánimo de lucro» y de seis meses a tres años para el cargo que «sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas».

En la actualidad, el artículo 432 del Código Penal impone penas de entre dos y seis años de cárcel para «la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público», en el que se especifica que «serán punibles (…) los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado».

«Duda fundamental»

«La cuestión es si hay algún condenado por corrupción que se vaya a ver beneficiado. Es la duda fundamental que tenemos. Si la respuesta es que no, entonces podremos acompañar a Esquerra, pero si no es así, el problema político es de primera magnitud», apuntan las mismas fuentes parlamentarias de Podemos.

«Tenemos una duda y a ver cómo de grande es esa duda. Todas las normas tienen dudas de aplicación. Eso también hay que mirarlo. Puede haber una respuesta clara, de no aceptar esa norma, o puede haber una respuesta que dependa del juez. En ese caso, habría que tomar una decisión política», avanzan dichas fuentes del partido de Ione Belarra.

Respecto al sentido de voto sobre la enmienda de ERC, afirman que primero van a hacer un «análisis propio», y a partir de ahí, con su «autonomía política», hablarán «con el socio para ver qué piensa el PSOE, porque ellos tampoco pueden permitirse que se beneficie a corruptos», sentencian tales fuentes parlamentarias de los morados, sin perder de vista a los condenados en causas como Gürtel o Kitchen.

Distinción

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, manifestó en rueda de prensa que los socialistas «no vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer un beneficio a los procesados o condenados por corrupción», básicamente porque «distinguimos entre corrupción y malversación», confesó.

«El PSOE no va a aceptar ningún retroceso en la lucha contra la corrupción ni nada que tenga que ver con la despenalización del uso indebido de fondos públicos», recalcó López, siguiendo el mismo argumentario que ya desplegó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los corrillos del acto institucional por el Día de la Constitución.