Iglesias da 43.000 € a las feministas del Sindicato de Estudiantes que alentaron el infectódromo del 8-M

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 07/11/2020 06:47
  • Actualizado: 07/11/2020 14:07

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Pablo Iglesias ha otorgado una subvención de 43.000 euros a la asociación Libres y Combativas, la entidad feminista vinculada al Sindicato de Estudiantes. Así consta en el real decreto-ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros a instancia del departamento del vicepresidente segundo y líder de Podemos.

Esta asociación, que promovió la celebración del 8-M que disparó los contagios de coronavirus en Madrid, aparece como una de las beneficiarias de las ayudas comprendidas en este decreto impulsado por Pablo Iglesias con «medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal».

Según el Ejecutivo socialcomunista, estas subvenciones van dirigidas a «diversos colectivos especialmente afectados por la pandemia de la Covid-19 como son, entre otros, las personas mayores, la infancia y la adolescencia, el pueblo gitano, los diversos colectivos en riesgo de exclusión social, las personas con discapacidad, las víctimas de violencia de género y de trata, las personas migrantes, las mujeres, las personas LGTBI, las personas drogodependientes o las personas afectadas por el VIH-SIDA».

El conjunto de estas ayudas asciende a 26,4 millones de euros procedentes del 0,7% del Impuesto Sobre Sociedades, «siendo el año 2020 el primer año que este recurso se emplea, de forma excepcional, para reforzar la actuación de las principales entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal ante la grave crisis provocada por la Covid-19», señala el departamento de Pablo Iglesias.

La asociación feminista Libres y Combativas tiene como portavoz a Ana García Rubio, quien ha sido secretaria general del Sindicato de Estudiantes con 32 años. García Rubio fue multada por el Ministerio del Interior en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana por usar megafonía no permitida en el 8-M de 2019. Ahora, el Sindicato de Estudiantes pidió el pasado verano a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que interceda para que se elimine la sanción.

Apoyo a Bildu

Tal y como publicó OKDIARIO, esta organización sindical que se declara «de izquierdas, revolucionaria y anticapitalista» hizo campaña a favor de Maddalen Iriarte, la candidata de EH Bildu al Gobierno vasco, en los comicios del 12 de junio. «Es un nuevo sector que nos apoya, que nos reconoce como única alternativa de izquierdas. Hemos logrado un consenso a favor de la autodeterminación y el derecho a decidir de los pueblos y en contra del acoso a los presos políticos y la necesidad de su acercamiento a Euskal Herria», dijo la aspirante proetarra a lehendakari.

La asociación Libres y Combativas formó parte de la Comisión 8-M estatal que organizó las manifestaciones multitudinarias de aquella jornada y llamó también a una huelga general estudiantil el 6 de marzo, cuando el virus ya se estaba expandiendo por España. «¡No pasarán! Huelga general estudiantil el 6M: ¡vaciar las aulas y llenar las calles!», fue el lema de su convocatoria que hicieron de la mano del Sindicato de Estudiantes.

Bomba biológica

Un llamamiento cuando el riesgo de contagio era ya elevado. Dos días después, el 8-M fue una bomba biológica. Como ha informado OKDIARIO, los datos subidos por el Ministerio de Sanidad a la página web del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) sobre positivos «agregados notificados por las comunidades autónomas» revelan que el 23 de marzo los contagios en Madrid se dispararon a 21.531, un aumento del 2.064% con respecto al 8 de marzo. El tiempo transcurrido entre ambas fechas es el de incubación de la enfermedad, experimentación de síntomas, asistencia a centro sanitario, realización del test y comunicación a los registros oficiales.

Además, a fecha de 8 de marzo de 2020, los datos del Instituto de Salud Pública Carlos III (ISCIII) confirman que para ese día no había 600 casos activos como llegó a indicar el Gobierno, sino que en realidad había más de 12.000 casos: la pandemia era veinte veces superior a lo reconocido oficialmente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.