Ossorio: «Es importante saber si en los despachos del Gobierno cumplen las medidas»

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha recordado este miércoles la competencia del Gobierno regional para inspeccionar los edificios administrativos que son sede del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como publica OKDIARIO.

En este contexto, Ossorio ha considerado «muy importante» que los inspectores de la Comunidad de Madrid «estén muy pendientes de qué pasa en estos despachos de los responsables del Gobierno de la Nación» para «ver si ahí cumplen las medidas» aprobadas este lunes en el Consejo de Ministros.

Esas medidas afectarán a las instalaciones de edificios no residenciales de gran consumo, como los administrativos -por ejemplo, los ocupados por la Administración Pública-, los comerciales -tiendas, supermercados o grandes almacenes- culturales -teatros, cines, auditorios-, bares, restaurantes, cafeterías u hoteles y estaciones y aeropuertos.

Según el decreto aprobado por el Gobierno, la temperatura mínima para al aire acondicionado se fija en los 27 grados y la máxima de calefacción en los 19. Además, los edificios deberán contar con cierre automáticos de puertas y se exige adelantar la inspección de eficiencia energética en aquellos edificios obligados que hayan realizado el anterior trámite antes del 1 de enero de 2021.

Rechazo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha expresado su rechazo al plan y no aplicará las medidas que sean de su competencia. El Gobierno madrileño analiza además la constitucionalidad del decreto, a fin de tomar las iniciativas legales oportunas.

En una entrevista en COPE, Ossorio ha lamentado que desde el Ejecutivo se obligue a «ciudadanos, empresas y comercios a hacer sacrificios» mientras que los miembros del Gobierno «no hacen ninguno».

«Estas personas no predican precisamente con el ejemplo», ha aseverado el consejero. Ha puesto como ejemplo que, el pasado viernes, Pedro Sánchez -tras anunciar el plan de medidas de «ahorro» en La Moncloa- y quitarse la corbata, «se subió a un helicóptero Super Puma que le llevó a Torrejón de Ardoz», un trayecto de apenas 25,8 kilómetros.

«Es vergonzante que en España tengamos 22 ministerios, de los cuales,  sabemos que 10 o 12 son inútiles», ha añadido el portavoz madrileño.

Como publica OKDIARIO, la Comunidad de Madrid inspeccionará los edificios dependientes del Gobierno para vigilar si cumplen con el decretazo energético aprobado por el Ejecutivo socialcomunista en el último Consejo de Ministros.

Las comunidades autónomas son las responsables de vigilar el cumplimiento del plan energético aprobado por el Gobierno y que, entre otros, impone una limitación de la temperatura del aire acondicionado y de la calefacción o el apagado de la iluminación de los edificios públicos.

Las normas aprobadas por el Gobierno complementan el ya existente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que atribuye a las comunidades autónomas las funciones de inspección y vigilancia de que las medidas se cumplen.

Así, según el artículo 29 del RITE, «el órgano competente de la comunidad autónoma podrá acordar cuantas inspecciones juzgue necesarias, que podrán ser iniciales, periódicas o aquellas otras que establezca por propia iniciativa, denuncia de terceros o resultados desfavorables apreciados en el registro de las operaciones de mantenimiento, con el fin de comprobar y vigilar el cumplimiento del RITE». «Las instalaciones se inspeccionarán por personal facultativo de los servicios del órgano competente de la comunidad autónoma o por organismos de control autorizados para este campo reglamentario, o bien por entidades o agentes que determine el órgano competente de la comunidad autónoma».

Las sanciones están contempladas en la Ley de Industria, que establecen multas de entre 60.000 euros para infracciones leves hasta 100 millones de euros para las muy graves. Según la misma normativa, son infracciones muy graves, entre otras, el incumplimiento doloso de las medidas, siempre que ocasionen riesgo grave para las personas; la reincidencia en falta grave; o la «negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración al personal inspector». La competencia para las sanciones más graves corresponde al Estado aunque las comunidades también tienen disponen de función sancionadora.