Moncloa destituye a la jefa de prensa de Seguridad Nacional por alertar en la web sobre la invasión de Ceuta

El Gobierno ha destituido con efecto inmediato, desde el 1 de agosto, a la funcionaria encargada de difundir las alertas informativas del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de la Presidencia del Gobierno por informar de la invasión migratoria de Ceuta del pasado 30 de julio.

Tras la llegada masiva de personas desde el país vecino, la funcionaria publicó en la web del organismo un informe y distribuyó una comunicación oficial el viernes 31 de julio en los que cifraba en 49.000 las entradas en Ceuta. La difusión de esos datos provocó malestar en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez, que consideró prematura su publicación y tomó la decisión fulminante de destituir a la responsable de las comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional por pérdida de confianza, aunque la medida no implica la pérdida de su condición de funcionaria.

La última nota de prensa publicada en la página web del Departamento de Seguridad Nacional es del 27 de julio de 2026, por lo que el informe ha sido borrado. Fuentes del Gobierno aseguraron que no se trataba de una cifra oficial. El Ministerio del Interior informó posteriormente ese mismo día de que calculaba en unas 50.000 las personas que habrían cruzado la frontera, cifra que posteriormente se incrementó.

Destitución por vía telefónica

A la trabajadora se le comunicó su destitución por vía telefónica mientras se encontraba de vacaciones. La encargada de destituirla fue la general Loreto Hurtado, jefa del Departamento de Seguridad Nacional, según ha adelantado Abc o El Confidencial.

La funcionaria encargada de difundir las alertas informativas del Departamento de Seguridad Nacional únicamente pudo regresar a su despacho para recoger sus efectos personales.

La Audiencia investiga si un «grupo criminal» estuvo detrás de la invasión

La Audiencia Nacional ha abierto diligencias para esclarecer si la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio fue una «acción concertada» y si detrás pudo actuar un «grupo criminal». La jueza María Tardón ha solicitado a la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) un informe sobre la «entrada irregular masiva», la posible participación de personas u organizaciones, y ha dado traslado del procedimiento a la Fiscalía.

En paralelo, el Gobierno sostiene que «no hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras» y niega que los servicios de inteligencia anticiparan una crisis de estas dimensiones. Sin embargo, la Cadena Ser informa, citando fuentes vinculadas a la seguridad del Estado, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) trasladó «muchas advertencias» al Ministerio del Interior semanas antes de la avalancha migratoria. Según esas fuentes, el punto de inflexión fue la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio sobre las devoluciones en caliente, que habría generado un «efecto llamada» para organizar una entrada masiva.