El juez del ‘caso Púnica’ amplía la investigación judicial un año

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que investiga el caso Púnica,  la trama de corrupción municipal y regional que principalmente afectó a las comunidades de Madrid, Murcia, León y Valencia, ha emitido un auto en el que acuerda, por un lado, ampliar la investigación por un plazo de un año y, por otro, realizar un estudio pormenorizado de cada pieza por la existencia de «elementos de agotamiento» en alguna de ellas.

García Castellón ha decidido ampliar la investigación de la causa un año en aplicación del Artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), más conocido como ley de plazos y que sufrió una reforma el pasado mes de julio.

Así, según consta en el auto del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la defensa de la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre envió una solicitud en la que «se interesa mantener el plazo de finalización de la instrucción de la presente causa en el día 27 de agosto de 2020» y, por tanto, no ampliar el plazo de instrucción.

En su escrito, el letrado de Aguirre hace referencia a un auto de la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional en el que los jueces decían: «la petición del Ministerio Fiscal de que el plazo máximo no baje de cinco años, así como el plazo de cuarenta meses, que finalizaría el 30 de marzo de 2022, se nos antoja desproporcionado y excesivo, y no se concreta de manera individualizada la necesidad de tan prolongado espacio temporal para la conclusión de la instrucción.»

Pese a ello, el juez le recuerda a las defensas que, según la nueva redacción de la LeCrim, «la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa». Y así será siempre que con anterioridad a la finalización del plazo, «se constatare que no será posible finalizar la investigación»,  y el juez, de «oficio o a instancia de parte», oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.

Respecto del caso concreto de Púnica, expone en su auto que, «en este caso, la tramitación posterior al 27 de agosto de 2020 del procedimiento, permite no solo el dictado de distintos tipos de resoluciones, sino que además no impide a las defensas poner de manifiesto la existencia de vulneraciones de derechos fundamentales», puesto que la ley lo prevé. Y apostilla diciendo que el hecho de que se amplíe doce meses la instrucción no implica, necesariamente, «que deba agotarse este plazo».

PSOE y Adade

En cuanto a las acusaciones en Púnica, tanto la del PSOE como la de Adade presentaron sendos escritos en los que ponían de manifiesto lo caótico de la instrucción y solicitaban, entre otras cosas, una ampliación de la instrucción judicial de más de un año.

Así, en dichos escritos se dice: «no constan formadas las mismas materialmente, es decir, no existen las Piezas como tal (…)”, además de que «malamente puede valorarse la complejidad y el tiempo necesario para finalizar una instrucción con todas las garantías, y respetuosa con los derechos de las partes si, de momento, ni se han formado las piezas ni se ha puesto la prueba a disposición de las partes».

Sin embargo, el magistrado deniega sus peticiones y les dice que tampoco puede admitirse los argumentos de la acusación particular, Adade y PSOE respecto a la prórroga, «sin más, de la causa por doce meses, sin ningún tipo de justificación ni razón alguna».

Y les echa un pequeño rapapolvo jurídico pues el juez explica que «resulta especialmente llamativa que sea una acusación particular quien sostenga esta interpretación de la norma tan rigurosa, pues pretender demorar durante un año la tramitación de la causa en fase sumarial sin motivo ninguno que lo justifique, no solo supondría una flagrante infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino que en última instancia podría determinar rebajas penológicas en favor de los acusados que se verían beneficiados por la demora, en el supuesto de ser condenados».

Pieza a pieza

No obstante, el magistrado Manuel García-Castellón no deja de reconocer que la instrucción no está siendo todo lo efectiva que debería. Es por ello que dice en su auto «la instrucción de la causa presenta elementos notorios de agotamiento, y existiendo una división del procedimiento en piezas distintas, que facilitan su tramitación y sustentación de forma separada, se acuerda proceder a un estudio pormenorizado de cada una de ellas».

El juez toma esta decisión con la finalidad de «agilizar la tramitación de las distintas piezas y actuar, en su caso, adoptando la resolución que corresponda respecto de cada una de ellas».