La juez abre una investigación a Casado y Egea por revelación de secretos en el espionaje a Ayuso

La juez Inmaculada Iglesias ha abierto una causa para investigar al ex líder del PP Pablo Casado y al ex secretario general del partido Teodoro García Egea por un presunto delito de revelación de secretos en el espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así consta en un auto al que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva.

La magistrada ha acordado abrir las diligencias previas de investigación con número 374/2022.  Asimismo, la juez ya dio traslado, en un escrito anterior, al Ministerio Público para que se pronuncie sobre una posible imputación de los ex dirigentes populares Casado y Egea por manejar supuestamente datos fiscales y bancarios de Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta regional.

En el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid recayó una denuncia contra Casado y Egea por manejar supuestamente datos fiscales y bancarios del hermano de Ayuso en relación a las gestiones que éste realizó por intermediar en la compra de mascarillas durante la primera fase del Covid-19.

Datos confidenciales

El abogado Esteban Gómez Rovira solicitó en su denuncia la imputación de los ex dirigentes del PP Casado y Egea así como a trabajadores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por «recabar información confidencial del hermano» de Ayuso y «proporcionársela a la dirección del Partido Popular que la utilizó en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid».

Por esta razón, el denunciante reclamó que tanto Casado como Egea fuesen llamados a declarar para explicar la procedencia de los datos fiscales y bancarios a los que, durante los últimos días, han aludido en diversas declaraciones públicas. El denunciante se refiere a las aseveraciones de Casado en Cope, donde el ex presidente de los populares afirmó que, a finales de verano, recibió «una información con datos fiscales y bancarios» sobre el presunto cobro de una comisión por parte del hermano de Isabel Díaz Ayuso. «Deduje que venía de alguna entidad pública, pero no le dije a Ayuso que procedía del Gobierno», señaló.

En base a estas declaraciones, para el denunciante «está fuera de toda duda que alguien, de forma ilegal, hizo llegar a la dirección nacional del PP información fiscal relativa a Tomás Díaz Ayuso, con infracción de la legislación relativa a la protección de datos, lo cual pudiera constituir más de un ilícito administrativo o penal».

En este sentido se alude al artículo 197 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quienes, sin estar autorizados, se apoderen, utilicen o modifiquen, en perjuicio de terceros, «datos reservados de carácter personal o familiar de otros que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quienes, sin estar autorizados, accedan por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero».