Una ‘invasión’ a nado que aprovecha la laguna legal que impide la devolución de inmigrantes que entren por mar

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 30/07/2026 17:26
  • Actualizado: 30/07/2026 17:31

El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha atribuido la crisis migratoria en Ceuta a las «redes de tráfico de personas» que están «instrumentalizando» una reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las llamadas devoluciones en caliente de los inmigrantes que llegan a nado a las ciudades autónomas.

Esta sentencia, que se conoció a principios de mes, interpreta que la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, de 2015, no permite aplicar el rechazo en frontera a los inmigrantes interceptados en alta mar. En ese caso, se les debe aplicar una devolución ordinaria y, por tanto, mucho más lenta.

En concreto, la disposición adicional décima establece un «régimen especial» de Ceuta y Melilla, por el cual «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España».

El Supremo interpreta que no todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera pueden ser devueltos, «sólo aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas».

El alto tribunal destaca que «no cabe equiparar tales elementos de contención con los dispositivos tecnológicos de control fronterizo -como drones, cámaras térmicas o sensores- que, en principio (y salvo que se demuestre lo contrario), no cumplen una función material de contención, sino de vigilancia, detección y alerta, permitiendo detectar la presencia de personas, pero no impedir físicamente el cruce de la línea fronteriza, ni retener a quienes lo intentan».

Y añade que «nada impediría que, de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza, pudiera ser de aplicación la referida disposición adicional décima a quienes pretendieran cruzar irregularmente la frontera superando esos elementos de contención marítimos».

El caso de un inmigrante argelino

La decisión del Supremo llegó en respuesta caso de un inmigrante procedente de Argelia que recurrió su devolución tras ser interceptado en noviembre de 2024 cuando intentaba entrar a nado en Ceuta junto a otras dos personas.

En su recurso alegaba que dicha actuación constituía una vía de hecho al ejecutarse sin procedimiento ni resolución, omitiendo los derechos de asistencia letrada y de protección internacional. Solicitaba una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados y que se le reconociera como situación jurídica individualizada la adopción de las medidas que fueran necesarias para lograr su retorno y readmisión en España.

Un juzgado de Ceuta y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dieron la razón a esta persona, salvo en la petición de una indemnización, al entender que quien entra por mar, como en este caso a nado, no supera un elemento de contención fronterizo, por lo que no era aplicable la Disposición adicional décima de la ley de Extranjería a las interceptaciones en el mar. Un criterio compartido por el Tribunal Supremo.

El Gobierno se ha limitado a compartir el mismo argumento que Marruecos, que ha achacado la entrada masiva de migrantes a «organizaciones criminales», según fuentes de la embajada marroquí en Madrid.

«Las redes de tráfico de personas están instrumentalizando una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados, mayoritariamente jóvenes», apuntan fuentes de Interior.

En este sentido aseguran que la colaboración con Marruecos es «ejemplar» en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria y Marlaska agradece a las autoridades del país vecino los «esfuerzos» realizados en los últimos días por sus fuerzas de seguridad «que han impedido miles de intentos de migración irregular».

El ministro, que viajará este viernes a Ceuta ha permanecido «en contacto permanente» con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, según apuntan fuentes de su departamento.

Desde JUPOL, asociación mayoritaria de la Policía, destacan que la «deficiente redacción» de la Ley de Extranjería «ha generado un vacío jurídico que está siendo explotado por las redes de inmigración irregular, que dirigen cada vez a más personas a acceder a nado hasta las costas de Ceuta». Para JUPOL, el problema no reside únicamente en la interpretación judicial, «sino en una legislación insuficiente que debe ser corregida con urgencia para ofrecer seguridad jurídica a la actuación policial y evitar que este vacío legal continúe alimentando el efecto llamada».

JUPOL «considera igualmente imprescindible que España impulse la firma de acuerdos bilaterales de readmisión con los países de origen y tránsito de la inmigración irregular, comenzando por Marruecos». «Estos acuerdos permitirían agilizar la devolución de quienes acceden ilegalmente a nuestro país y evitar que las mafias utilicen la imposibilidad práctica de los retornos como principal argumento para fomentar nuevas salidas», concluyen.