El Consejo de la Transparencia declara secretos los informes del voluntariado de Urdangarin

El Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno ha determinado que los informes sobre el voluntariado del recluso Iñaki Urdangarin en el centro de discapacitados Don Orione no deben ser de dominio público.

OKDIARIO trasladó al Consejo una reclamación después de que el Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias impusieran el bloqueo informativo sobre estos documentos referidos al condenado por el caso Nóos. Tras estudiar el caso, los responsables de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia protegen al cuñado del Rey Felipe.

De forma periódica, el centro de discapacitados de Don Orione (en Pozuelo de Alarcón) elabora estos informes sobre el desempeño de Urdangarin de su voluntariado en el área de psicomotricidad de los internos. Ya en octubre de 2019 fuentes de esas instalaciones comentaron a este periódico que Urdangarin sacaba un «notable alto» en sus labores. Sin embargo, optaron por no distribuir el informe íntegro.

La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid remitió a esta cabecera a Instituciones Penitenciarias, donde indicaron que Don Orione trasladaba los informes sobre Urdangarin directamente a la cárcel de Brieva, para que la Junta de Tratamiento estudiase si procedía mantener o cancelar estas salidas. De hecho, tras las navidades, se ampliaron los permisos de dos a tres días por semana (lunes, miércoles y viernes). Todo ello, en contra del criterio de la Fiscalía.

Sin respuesta de Interior

El Consejo de la Transparencia, en su respuesta a este diario, explica que pidieron a Interior que presentara alegaciones sobre por qué no estimaron la petición de información. Sin embargo, el equipo de Fernando Grande-Marlaska no respondió.

«Con fecha de noviembre de 2019, el Consejo remitió el expediente a Interior al objeto de que pudiera realizar las alegaciones que se considerasen oportunas. Ante la falta de respuesta, este Consejo reiteró con fecha 5 de diciembre de 2019 el requerimiento para que presentara alegaciones, sin que el Ministerio haya respondido a tal solicitud», lamentan los expertos en Transparencia.

«No existe interés público»

Posteriormente, el Consejo señala que «la información requerida afecta a un concreto recluso, cuya identidad es conocida. Dicho informe, aparentemente tiene datos con las horas de entrada y salida, la actividad diaria que realiza y, en su caso, las incidencias que hubieran podido producirse».

«Se trata de información cuyo acceso, al afectar directamente a un concreto interesado, requiere de una ponderación entre el interés público de la información y la protección de los derechos de los afectados», explica Transparencia.

«Realizada dicha ponderación por este Consejo, para la que se tiene en cuenta tanto la finalidad de control de la actuación pública como el posible perjuicio al interesado de la divulgación de la información solicitada, sobre todo las pautas de desplazamiento o el detalle de la actividad diaria del interno, entendemos que no existe un interés público en la información que pueda prevalecer frente a los perjuicios que, a nuestro juicio, se derivarían razonablemente del acceso solicitado», concluye el Consejo.