El Gobierno lleva al Constitucional la prioridad nacional en la Comunidad Valenciana: «Contradice la igualdad básica»

El Gobierno de Pedro Sánchez, ha acordado presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido contra la prioridad nacional que el PP y Vox ha puesto en marcha en la Comunidad Valenciana, encabezada por Juanfran Pérez Llorca. La portavoz del Ejecutivo lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa y lo ha argumentado diciendo que «Contradicen condiciones básicas como la igualdad entre personas».

La también ministra de Incluisón, Seguridad Social y Migraciones ha indicado que el Consejo de Ministros ha acordado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra «algunos preceptos de la Ley de Medidas Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana». Esta es la llamada norma de acompañamiento de los presupuestos de la autonomía.

Concretamente, el Gobierno ha indicado que se va a impugnar «el concepto de prioridad nacional en materia de vivienda y prestaciones sociales». Como ha señalado Saiz, el Gobierno considera que estas medidas «contradicen condiciones básicas como la igualdad entre personas y el Estatuto de personas extranjeras».

Exigencia del arraigo

La normativa, aprobada en agosto de este año, describe la prioridad nacional exigida por Vox, como una «asignación de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región».

Concretamente, en el apartado de servicios sociales inclusivos, la norma exige que «el sistema público valenciano de servicios sociales orientará la planificación, gestión y asignación de sus prestaciones y servicios al principio de prioridad nacional».

No es el único artículo que va a llevar ante la Corte de Garantías, ya que el Gobierno también va a impugnar «uno de los artículos de la ley por eliminar referencias expresas a la no discriminación de las personas LGTBI y a la diversidad sexual, familiar y de género en el ámbito educativo».

Además, Saiz subraya que el Gobierno «considera inconstitucional la limitación de ofrecer menús alternativos por razones culturales o religiosas, entre otros conceptos que incluye esta ley, como los referentes a los no nacidos».

Desarrollo de la prioridad nacional

La norma de la Generalitat Valenciana impugnada por el Gobierno central incluye una disposición final  con el «desarrollo reglamentario del principio de prioridad nacional». Esta exige al Consell aprobar «disposiciones reglamentarias necesarias para desarrollar las condiciones de acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspiradas en el principio de prioridad nacional».

Todo ello para que se «procure la asignación prioritaria de los recursos públicos» a las personas con un «arraigo real, duradero y verificable» en la autonomía.

Ese desarrollo reglamentario de la prioridad nacional incluirá «el establecimiento de un período mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio; la vinculación del acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sostenimiento del sistema».

A la vez se establece una «exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural» a las personas «que se encuentren en situación administrativa irregular, limitando su acceso exclusivamente a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico».