El Gobierno busca magistrados afines en el Supremo para tratar de llevar al Pleno la suspensión de la Ley de Nietos

• Esther Jaén
• Corresponsal política en OKDIARIO. Colaboradora y analista política en radio y televisiones. Te leo en esther.jaen@okdiario.com
• • 10/09/2026 05:54
  • Actualizado: 10/09/2026 05:54

El Gobierno de Pedro Sánchez busca fórmulas para tratar de neutralizar la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la Ley de Nietos. Según aseguran fuentes del Ejecutivo a OKDIARIO, más allá de «meter prisas» al Tribunal para que resuelva en tiempo y forma, solamente les queda el último recurso de que sea el Pleno de la Sala Tercera el que revise la decisión del alto tribunal a petición de magistrados afines a las tesis del Gobierno. Pero antes de ponerlo en marcha, el Ejecutivo tiene que asegurarse de contar con una mayoría favorable entre los jueces.

La maniobra del Ejecutivo, aseguran desde el gabinete de Pedro Sánchez, es la única respuesta posible en este momento para revisar una decisión que, aunque dicen acatar, no comparten en absoluto. Desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige el ministro Félix Bolaños, temen que los jueces de la sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo se demoren demasiado en la resolución final.

En este sentido, señalan que la documentación requerida, tanto al Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) como a la Junta Electoral Central (JEC), que a su vez tiene que reclamar y canalizar a los distintos organismos implicados que han realizado las nacionalizaciones atendiendo a la Ley de Nietos, puede complicar mucho una resolución rápida de la cuestión planteada ante la Justicia. Pero el tiempo apremia y las elecciones generales están a la vuelta de la esquina.

Otras fuentes jurídicas consultadas por este periódico subrayan que «el Gobierno no puede recurrir, en este caso, al Tribunal Constitucional», que preside Cándido Conde-Pumpido. Argumentan que lo que se está analizando e investigando es «el procedimiento empleado y no la constitucionalidad o no de la norma», por lo que entienden que el órgano de garantías constitucionales, cuya mayoría acostumbra a estar alineada con las tesis del Gobierno de Pedro Sánchez, «no tiene vela en este entierro».

En todo caso, promover una revisión de la decisión del Tribunal Supremo, que por el momento ha suspendido el derecho de sufragio de los nacionalizados en aplicación de la Ley de Nietos, conlleva un elevado riesgo de derrota para el Ejecutivo. Por ello, los juristas consultados por este periódico dudan de que esa elevación al Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde, además de los jueces de la Sección Cuarta, opinarían todos los magistrados de las cinco secciones restantes, llegue a buen puerto.

Aseguran las fuentes consultadas que, para promover ese paso y esperar a que alguno de los miembros del Tribunal y la Sala de la que formaba parte la ministra de Defensa, Margarita Robles, antes de incorporarse al Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo tiene que estar muy seguro de que cuenta con los apoyos suficientes a sus tesis entre los 33 jueces y magistrados que conforman la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

Y, según comenta con sorna una de estas fuentes, «con lo que no cuenta Bolaños para esta maniobra a la desesperada es con la colaboración de Margarita Robles», en alusión a la mala relación existente entre ambos ministros.