El Gobierno admitió en privado sus dudas sobre la «calidad» de las pulseras antimaltrato pero no hizo nada

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 13/11/2026 05:48
  • Actualizado: 13/11/2026 05:48

El Ministerio de Igualdad admitió en una reunión interna su «preocupación» por la calidad de los dispositivos telemáticos para el control de los maltratadores, una herramienta fundamental para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia de género.

La Fiscalía Europea ha llevado a cabo este jueves una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de las pulseras para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

En septiembre de 2025, OKDIARIO reveló que los «múltiples fallos» de las pulseras telemáticas —adjudicadas por la entonces ministra Irene Montero— habían provocado «una gran cantidad» de absoluciones de maltratadores. Así lo recogía la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Tras ello, el Tribunal de Cuentas decidió fiscalizar varios contratos de Igualdad para la prestación de este servicio, por importe de 102,6 millones, detectando igualmente «graves deficiencias».

El órgano fiscalizador advertía de problemas por «la tardanza en la reparación», la duración de la batería -una semana y media en lugar de los seis meses previstos- o las numerosas roturas de dispositivos por parte de los maltratadores. 

En el trámite de alegaciones, Igualdad explicó que «un número muy significativo» de pérdidas y roturas se debía «al propio perfil de los agresores que son usuarios de este tipo de dispositivos, y que hacen un uso malintencionado de los dispositivos móviles y brazaletes/tobilleras».

«Motivo de preocupación»

Sin embargo, pese al intento de justificar esas deficiencias, el Tribunal de Cuentas encontró que, en una reunión de seguimiento de los dispositivos celebrada en noviembre de 2024, «la calidad de los dispositivos fue motivo de preocupación para la propia Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género».

Esa preocupación quedó reflejada en el acta de una reunión de seguimiento de dispositivos, celebrada el 5 de noviembre de 2024, en la que queda reflejado: «La subdirectora expresa su preocupación por que los dispositivos no sean de la calidad suficiente para el servicio y usuario para el que están diseñados…» No consta que se adoptasen medidas al respecto. El departamento de Ana Redondo admitió al Tribunal de Cuentas la rotura de 6.795 dispositivos de agresores y 233 de víctimas.

Maltratadores sin localizar

El informe señala numerosas deficiencias en los contratos. Por ejemplo, destaca que en 2018 y 2021 no se previó un plan de transición para garantizar la continuidad de la prestación del servicio sin interrupciones, «imprescindible», además, en caso de que se produzca un cambio de adjudicatario. El contrato de 2023 tampoco lo preveía inicialmente por lo que hubo de procederse a la «oportuna» modificación contractual.

Según el Tribunal de Cuentas, la ausencia de dicho plan y el cambio de adjudicatario produjeron «deficiencias» que afectaron a la prestación del servicio. En concreto, expone que se presentaron «problemas» de acceso a la información histórica proporcionada por la anterior adjudicataria que impidieron dar respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes.

«Esta situación se mantuvo hasta octubre de 2024 momento en que, coincidiendo con un requerimiento de la Fiscalía, el Ministerio de Igualdad pone en marcha actuaciones para coordinar o arbitrar su solución», señala el organismo fiscalizador.

Igualmente advierte de reiterados fallos que «afectaron a la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas, baterías deficientes (con baja autonomía) y retrasos en las reparaciones».

Por otro lado, el informe también revela las dificultades para localizar a centenares de maltratadores.

«En fecha 16 de mayo de 2024, existían 886 parejas de dispositivos sin migrar del sistema anterior al de la nueva adjudicataria (el 18,5 % del total de 4.775, a esa fecha) y que debían ser sustituidos», recoge el Tribunal de Cuentas.

En el trámite de alegaciones, el Ministerio de Igualdad reconoce que estos dispositivos permanecían sin migrar por corresponder a casos clasificados como «llamada perdida/no localizados». Es decir, que los agresores «… no se hallaban a disposición de la justicia por voluntad propia en el momento de la entrada en vigor del contrato, porque habían manipulado el dispositivo para dejarlo inutilizado o bien se habían desprendido del mismo y por tanto el sistema policial/judicial tenía que localizarles o estaba intentando localizarles».