La ‘fontanera’ del PSOE usó una fundación ‘fake’ para dar clase en la Complutense como Begoña Gómez

Leire Díez Castro, la fontanera del PSOE próxima a su secretario de Organización, Santos Cerdán, y encargada de chantajear a abogados y empresarios para acabar con la UCO de la Guardia Civil, llegó a dar clase en la Universidad Complutense de Madrid como representante de un chiringuito disfrazado de organización internacional. Una actuación similar a la de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e imputada como docente sobre captación de fondos en la UCM.

La militante socialista figura como miembro del Patronato de la Fundación Internacional de Derechos Humanos (International Human Rights Foundation), una entidad constituida en Lérida en enero de 2013 que no guarda ninguna relación con ninguna organización internacional de relevancia. Y es que, al imitar a la ONU en el uso de los colores blanco y azul y el globo terráqueo para su logo, da a entender lo que no es. También ha otorgado los premios Nicolás Salmerón de los Derechos Humanos a mandatarios como José Luis Rodríguez Zapatero, Cristina Fernández de Kirchner​ o Lula da Silva.

El impulsor de este chiringuito fue Jaume d’Urgell, un activista de extrema izquierda que en su día llegó a ser condenado a prisión tras negarse a pagar una multa por izar una bandera republicana en un edificio público.

La socialista Leire Díez Castro se enroló en esta Fundación Internacional de Derechos Humanos (IHRF) e incluso, a través de ella, hizo de docente ante alumnos de la UCM. «La profesora Leire Díez imparte la ponencia ‘Derechos Humanos en el medio rural’ en la Universidad Complutense de Madrid», recogió la IHRF en sus redes sociales el 22 de noviembre de 2013. Esta Fundación decía tener un convenio con esta institución académica.

En el momento de impartir esta ponencia, Leire Díez Castro ya ocupaba el puesto de teniente de alcalde con el PSOE en el municipio de Vega de Pas (Cantabria), cargo que ostentó entre 2011 y 2014. En esta etapa fue vicepresidenta de la Mancomunidad de Valles Pasiegos, vicepresidenta de la Agencia Comarcal de Desarrollo Pas-Pisueña-Miera, secretaria del grupo de acción Leader Pas-Pisueña-Miera, y vocal de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la Comisión de Mancomunidades, según recoge en su currículum.

Por ello, pese no tener más formación académica que la de licenciada en Ciencias Sociales y Periodismo por la Universidad del País Vasco en los años noventa, dedicó aquella charla al mundo rural, el que conocía como responsable local en los valles pasiegos.

Esta activista era presentada como «delegada territorial de la Fundación Internacional de Derechos Humanos en España». Por ejemplo, en junio de 2018 y en nombre de la IHRF, Leire Díez, calificó de excelente noticia el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de poner fin a las «devoluciones en caliente», según información de la propia Fundación.

Leire Díez en empresas públicas

Tras la llegada de Sánchez a la Moncloa, la colaboradora de Santos Cerdán, número tres del PSOE, ha ostentado cargos internos en empresas públicas del Gobierno, estando vinculada primero a Enusa (Empresa Nacional de Uranio) y luego a Correos.

Con todo, a tenor de lo conocido en los últimos días sobre Leire Díez y cómo se mueve en las cloacas del Estado, puede decirse que no encarna el perfil más idóneo para dar clase a alumnos sobre derechos humanos.

OKDIARIO publicó este jueves que la fontanera de Santos Cerdán ofreció «abogados gratis» a cinco empresarios a cambio de datos para acabar con la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado y de no comprometer al PSOE.

Tanto Díez como el empresario Javier Pérez Dolset han tejido una red de abogados afines colocados estratégicamente para tratar de controlar las causas judiciales sensibles que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, como es el caso Koldo o las tramas de hidrocarburos de las operadoras Hafesa, Gaslow y Villafuel.

Según ha podido saber este periódico, Leire Díez lleva meses reuniéndose con empresarios para ofrecerles abogados de la confianza del PSOE que logren pactos con la Fiscalía, Abogacía del Estado e incluso indultos del Ejecutivo, tratando así de que no tiren de la manta contra el partido.

Los datos que Díez pide a estos empresarios no sólo para usarlos contra la Guardia Civil, sino también para perjudicar a fiscales no controlados por el Gobierno y a jueces que acorralan a Pedro Sánchez en distintas causas judiciales que cercan a su entorno, su partido y su Gobierno. Todo ello, buscando conseguir la nulidad de los procedimientos judiciales que salpican al PSOE.

Con esta querencia por prácticas mafiosas, llama la atención que Leire Díez haya representado a dicha Fundación Internacional de Derechos Humanos, cuando esta organización dice tener entre sus funciones «promover la pedagogía democrática y estimular la participación ciudadana en todos los ámbitos de la sociedad; observar, denunciar, debatir y proponer soluciones ante cualquier incumplimiento o violación de los derechos humanos; estimular el pensamiento crítico y favorecer el debate; promover la transparencia en la gestión de las Instituciones Públicas; defender la separación de poderes» o «procurar la superación de los desequilibrios políticos, sociales y económicos», entre otras actuaciones.