La Fiscalía al rescate de Sánchez: recurrirá la imputación por terrorismo de Puigdemont y Rovira

La Fiscalía echa un capote a Pedro Sánchez en plenas negociaciones del líder del PSOE con los investigados en el caso del Tsunami Democratic para conseguir una nueva investidura como presidente del Gobierno. El Ministerio Público considera que no hay que calificar de «terrorismo» los altercados violentos impulsados, según un informe de la Guardia Civil, bajo la organización de Marta Rovira (ERC), Carles Puigdemont (Junts) y otros dirigentes independentistas.

El fiscal, que ya pidió derivar la causa a un juzgado ordinario de Barcelona porque no veía terrorismo, planea ahora recurrir en apelación el auto del juez Manuel García Castellón. Considera que estamos ante desórdenes públicos agravados y no terrorismo y por eso no debe ser la Audiencia Nacional el organismo judicial competente para este caso. Ahora será la Sala quien resuelva ese recurso.

En todo caso, el citado magistrado de la Audiencia Nacional no ha dudado en abrir investigación contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira. A esta última y a otras 10 personas se les señala como imputados. Al dirigente de Junts primero se le da la opción de comparecer voluntariamente ya que es aforado. Si no acude, se procederá a pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo.

El juez afirma que, del estudio de la agenda del jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, –al que también imputa– se concluye que el expresident acudió a las reuniones en Ginebra donde «pudo haberse planificado la actuación» de Tsunami Democratic. Su nombre, añade, aparece en un mensaje que figura en el dispositivo de Alay enviado por el empresario Jesús Rodríguez. «El lunes 26 de agosto se dará a conocer los perfiles de la campaña Tsunami Democratic como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Supongo que desde Omnium informarán directamente al presidente Puigdemont. Te lo avanzo para que tenga constancia», recoge el intercambio de mensajes.

Además, otra comunicación comenta «las decisiones y dudas que surgen en el grupo de coordinación de la campaña Tsunami Democrátic son consultadas al expresidente Puigdemont a través del propio Alay».

Igualmente, papel protagonista de Puigdemont en Tsunami se infiere de la conversación del empresario Josep Campmajó con quien discute sobre la actitud que están teniendo los dirigentes políticos catalanes con relación a la publicación de la sentencia del procés: «Ayer estuve nuevamente en primera línea. Tanto en BCN como en GRN. Mi gente bien distribuida. O tú y Tsunami tomáis el control o tendremos que comenzar a gestionar el precio de las bajas», dice un interlocutor.

A esto, Puigdemont habría respondido: «Intentamos que el Gobierno se ponga las pilas.» Entonces, Campmajó contesta: «President, los diputados están cagados. La gente les pasa por encima. El Govern está acojonado». Puigdemont concluye: «Cierto. Y eso no es bueno.»

En su auto, García Castellón determina que «existen elementos suficientes para considerar que los hechos podrían encajar en el delito de terrorismo» en concurso con uno de desórdenes públicos. El juez señala la necesidad de «esclarecer si se llegó a materializar su actuación con alguno de los delitos del artículo 573 del Código Penal». El mismo recoge delitos, entre otros, contra la vida o la integridad física de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos. En este sentido, pide contactar con los familiares de la persona que falleció en el corte del aeropuerto de El Prat y con los policías que sufrieron lesiones ese día.

Citado Otegi como testigo

Junto a Marta Rovira se cita como investigados a varios empresarios y a dirigentes de Omnium. También cita como testigo al líder de Bildu Arnaldo Otegi para preguntarle sobre el encuentro que concertó en Ginebra (Suiza) con el propio Puigdemont, Rovira, miembros de la CUP, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Omnium Cultural. A la misma, señala el juez, habrían acudido también la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y la dirigente de JxCat Elsa Artadi.

En esta línea, el juez llama como testigo a la portavoz de ERC esos meses, Marta Vilalta. Según el magistrado «afirmó, al parecer que en la cumbre que tuvieron los líderes independentistas en Ginebra, no concretaron una estrategia común pero que, sin embargo, sí que consiguieron ponerse de acuerdo en el apoyo a Tsunami Democràtic».

Una organización «estructurada»

El magistrado afirma indiciariamente que Tsunami Democratic, cuyos dirigentes ahora están a un paso de pactar con Sánchez, fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, encabezada por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva.

Bloquearon el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, trataron de tomar la torre de control ENAIRE de Barcelona-Gavà, el Aeropuerto de Madrid Adolfo Suarez-Barajas, montaron una huelga general, intentaron manipular el proceso de elecciones generales de noviembre de ese año y, entre otras, afectaron al partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid en diciembre.