La Fiscalía pide interrogar a los Mossos que realizaron espionaje político en Cataluña

En un recurso, el Ministerio Público solicita la reapertura de la causa sobre el supuesto espionaje por parte de los Mossos d’Esquadra, que archivó el titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona, al concluir que la policía catalana no actuó con motivaciones políticas en sus seguimientos a dirigentes constitucionalistas.

Por el contrario, el Ministerio Público entiende que la declaración ante el juez que efectuó el comisario jefe del área de Información de los Mossos d’Esquadra «carece de la precisión necesaria» para poder dar carpetazo al asunto y no permite establecer si la injerencia, intensidad y duración de los seguimientos fue «proporcional».

«La existencia de una intromisión ilegítima, si se acreditase suficientemente la misma, claro está, podría conllevar aparejada la existencia de un presunto delito de prevaricación, por cuanto si la intromisión en el ámbito de la intimidad fuera palmariamente injustificada o se demostrase espúria en sus fines significaría que la actuación administrativa de quien la ordenó entraría en el ámbito de lo arbitrario», razona la Fiscalía.

Además, el ministerio fiscal sostiene que si los seguimientos eran arbitrarios también se podría haber incurrido en un delito de malversación, al destinar medios personales que integran el patrimonio público para la investigación.

Por este motivo, solicita al juez, y subsidiariamente a la Audiencia de Barcelona, que reabra la causa y que identifique a los agentes de los Mossos que llevaron a cabo los seguimientos que figuran en los documentos que fueron intervenidos el 26 de octubre de 2017, la víspera de la declaración unilateral de independencia, cuando la policía catalana los iba a incinerar.

Una vez identificados, la Fiscalía pide que el juez tome declaración a los agentes, para que precisen los detalles, las razones, las causas y los fines de su intervención, la forma en que se decidía a quién investigar y el tiempo en que se llevaron a cabo los seguimientos, así como todos los extremos que resulten necesarios para acreditar que su intervención «se ajustaba a los requisitos jurisprudencialmente establecidos para considerar legítima la intromisión policial en el ámbito de la privacidad ajena».

La causa, que una veintena de presuntos afectados por este espionaje también ha pedido que se reabra, se activó a raíz de la documentación que se intervino a los Mossos d’Esquadra el 26 de octubre de 2017, cuando la iban a incinerar la víspera de que el Parlament aprobase la declaración unilateral de independencia.

El juez archivó la causa al considerar que los Mossos d’Esquadra no incurrieron en «desviación de poder» y buscaron información «esencial en toda policía», por lo que rechazó que cometieran espionaje político.

Según el magistrado, no consta que los datos obtenidos por los Mossos hayan sido usados «para algún fin político», ya que su objetivo no era de espionaje, sino obtener «el máximo de información, esencial en toda policía» sobre la actuación de personas que por su «significación sociopolítica» pudieran «en un momento especialmente vulnerable» convertirse en autores o víctimas de incidentes de orden público, en pleno proceso independentista.

Por el contrario, un grupo de afectados por el supuesto espionaje ha pedido, al igual que la Fiscalía, que se reabra la causa al considerar que la policía catalana se «extralimitó» en sus funciones por «fines políticos» y que no investigarlo daría «carta blanca» a repetir los seguimientos a los constitucionalistas.

Representados por el abogado José María Fuster-Fabra, los afectados, entre ellos el exlíder de Sociedad Civil Catalana José Ramón Bosch y el periodista Albert Castillón, consideran que se produjo una «violación» de sus derechos, afectando a su vida privada, libertad e intimidad «sin que exista ningún fin legítimo que justifique dicha intromisión».

Según el recurso de los afectados, si se mantiene el archivo acordado por el juez, ello supondría «dar carta blanca, carta de naturaleza, a que en el futuro pudieran realizarse situaciones similares sobre todo tipo de personas, especialmente en Cataluña sobre todos aquellos que desde diferentes ámbitos, el político, el jurídico y el periodístico, defienden el orden constitucional».