Anticorrupción investigará las ayudas del Gobierno a los padres de Sánchez y al marido de Calviño

La Fiscalía Anticorrupción abrirá una investigación por los doce contratos de emergencia que el Gobierno adjudicó a siete empresas relacionadas con el PSOE, el entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, y de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Estos contratos, destapados por OKDIARIO, fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción por el Gobierno de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, prepara el decreto de incoación de diligencias que se presentará después de Semana Santa.

Díaz Ayuso denunció estos contratos ante el Ministerio Público por la posible existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. «Son contratos que superaron los 326 millones de euros al erario, se administraron incluso mascarillas por un valor entre un 25 y un 500 % por encima de las adjudicaciones anteriores en un mismo momento. Por tanto, van a tener que dar ustedes -el PSOE- muchas explicaciones», manifestó la dirigente regional. En concreto, la denuncia, se dirigió contra «todas aquellas autoridades, funcionarios y particulares que puedan aparecer como responsables de los hechos irregulares».

La presidenta regional madrileña decidió presentar esa denuncia ante la Fiscalía después de que Podemos, Más Madrid y PSOE presentaran otra el pasado 18 de febrero para que se investigara el contrato de mascarillas vinculado con el hermano de la presidenta. «¿Quieren saber la verdad?, pues vamos a investigar a todos», anunció la presidenta, después de que los tres grupos de la izquierda madrileña decidieran ampliar sus respectivas denuncias, el día después de que la Fiscalía Anticorrupción ya hubiera aceptado investigar el contrato relacionado con el hermano de Ayuso.

Estos son los contratos denunciados por Ayuso que investigará la Fiscalía Anticorrupción tras detectar irregularidades en las adjudicaciones:

Los padres de Pedro Sánchez

En la denuncia presentada por Ayuso se advertía de que entre el 18 de febrero del 2020 y el 25 de mayo de 2021 la empresa Industrias Plásticas Playbol SL recibió una «ayuda equivalente» a 64.959,82 euros por parte de la Compañía Española de Reafianzamiento y el Instituto de Crédito Oficial, entidades que dependen a su vez del Ministerio de Industria y del de Asuntos Económicos. Unas ayudas que fueron adjudicadas con el siguiente objeto: “Paliar los efectos del COVID-19”.

Tal y como adelantó OKDIARIO, la empresa beneficiaria de tales ayudas está vinculada a los padres de Pedro Sánchez, ya que, según el Registro Mercantil, los padres del presidente fundaron en 1977 esta empresa de envases y embalajes de plástico, que tiene sus instalaciones en un polígono industrial del municipio madrileño de Algete.

En la actualidad, el padre de Sánchez continúa figurando como administrador único de la compañía, cargo en el que fue renovado el 13 de septiembre de 2019, mientras su madre figura como apoderada desde el año 2010.

El marido de Calviño

La denuncia, también cuestionó un contrato a Beedigital, sociedad de la que es director de marketing el marido de la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño, Ignacio Manrique de Lara. Esta empresa recibió un total de 532.400 euros por un contrato de servicios de gestión de la imagen digital y de la reputación online de la Seguridad Social.

La adjudicación corrió a cargo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que, entre tres ofertas, alzó ganadora la de Beedigital, incluso a pesar de que entonces tenía una deuda de 852.000 euros con la Administración Pública. «Es conveniente recordar que el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público establece la prohibición de contratar a la administración con empresas que no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes», indicó la denuncia.

“Por si estas adjudicaciones no fuesen suficientemente sospechosas de la existencia de algún posible trato de favor, hay que señalar que la empresa Beedigital ha sido reconocida como agente digitalizador adherido del Programa Kit Digital, que supone la condición de mediador para la captación del fondo Kit Digital de la Unión Europea, y que gestiona precisamente la ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño”, señaló la presidenta regional en su denuncia, una información que adelantó OKDIARIO el pasado 8 de febrero.

El ex ministro Illa

También entre las empresas en el punto de mira figura FCS Select Products SL, que recibió por parte de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad, cuatro contratos por valor de 263.126.600 euros para el suministro, fundamentalmente, de mascarillas quirúrgicas o de protección. Esta sociedad «ofrece servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato», se indicó en la denuncia.

La administradora de la empresa, Mayra Dagá Castillo fue condenada en el año 2016 por un delito de estafa agravada, por su participación en una trama delictiva dedicada a la compra y posterior vaciamiento con problemas financieros. Así se hizo constar en la denuncia, en la que se indicó que «tales precedentes son relevantes ya que hay que recordar que el delito de estafa tiene como elemento principal la existencia de engaño, lo que podría suponer un gran riesgo especialmente en la adjudicación de contratos de forma directa, sin publicidad ni concurrencia y por el trámite de emergencia».

A pesar de ello, la empresa FCS Select Products ha resultado adjudicataria de 4 contratos por un valor superior a los 260 millones de euros, un hecho que en la denuncia se vinculó a «la relación de amistad de los administradores de la sociedad con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa».

Otros contratos

Así, en el escrito que presentó Ayuso, también se detalló otros contratos de emergencia en los que se observaban irregularidades. Entre ellos, los adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que recibió, a través de tres contratos de emergencia, más de 40 millones del erario público por el suministro de material sanitario. Dos de ellos para el Ministerio de Transportes y otro para Interior por recomendación del equipo del ex ministro José Luis Ábalos.

Esta compañía, sin embargo, «ofrece servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales principalmente de energía, agua e infraestructuras agrícolas, y opera principalmente en países africanos como Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez», según señaló la denuncia. Por ello, «no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato, ni que tampoco pudiera tener actividad relevante en China, para poder ser un suministrador referente de mascarillas adquiridas en dicho mercado». Sorprende, asimismo, que el importe de la cifra de negocio de esta empresa fue de 0 euros en 2019, frente a los 53,13 millones que obtuvo en 2020 «como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas por el COVID-19».

También en la lista que investigará Anticorrupción consta la empresa Weihai Textile Group, que recibió un contrato por valor de 10.192.606 euros por el suministro de 500.000 batas desechables. «El precio de las batas ofrecido por la empresa fue de 18,50 dólares la unidad (16,7 euros aproximadamente, según el tipo de cambio de aquellas fechas), lo cual representaba un coste mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores». En concreto, según se indicó en la denuncia, el precio por cada unidad suponía un precio entre 52 y 60 veces superior a los precios de mercado entonces existentes y pagados por la propia entidad contratante con otros proveedores.

La empresa Hyperin Grupo Empresarial recibió un contrato de 3.310.000 euros para la adquisición de 144 Dispositivos de Ventilación Mecánica Invasiva. No obstante, el objeto social de esta compañía es «la fabricación de yesos para la construcción». Por ello, no sorprende que la compañía comunicara apenas unos días después de recibir la totalidad del importe del contrato «que no le era posible el suministro de los dispositivos de ventilación acordados en el contrato, planteando una posible alternativa» que, al no cumplir los requisitos sanitarios exigidos, provocó que el contrato se diera por extinguido. Pese a ello, la administración no ha recuperado, a pesar de haber transcurrido dos años, el importe total del dinero adelantado.

Dos contratos

También figura en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción la empresa Members of the Tribe SLU, que recibió dos contratos por importe de 9.444.000 euros, ambos por el suministro de guantes de nitrilo. Esta compañía, cuyo objeto social es el diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios, recibió 0,10 euros por cada unidad de guantes, lo que «representa un sobrecoste de entre el 25% y el 500%» en comparación con lo que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores que resultaron adjudicatarios de contratos similares.

Por si fuera poco, y según constaba en la denuncia, Sanidad adelantó 1.669.200 euros a Members of the Tribe, el 30% del primer contrato. Sin embargo, «la compañía incumplió el plazo de 10 días de entrega que se establecía en las condiciones» del primero de los contratos, por lo que éste se resolvió y se suspendió el segundo. Sin embargo, «la administración no ha recuperado todavía, a pesar de haber transcurrido dos años, el importe de 1.669.200 euros que fue adelantado, con el consiguiente perjuicio patrimonial para la Administración».