La fiscal afín a Campo se niega a investigar los 50.000 € de la ‘Caja B’ de Podemos que apuntan a Mayoral

La fiscal del caso Podemos, Lorena Álvarez, que forma parte de la comisión de expertos que trabaja bajo las órdenes del Ministerio de Justicia para elaborar el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), rechaza investigar los 50.000 € solicitados por la Asociación #404 Comunicación Popular a la Caja B del partido de Pablo Iglesias. OKDIARIO ha tenido acceso a dos escritos del Ministerio Fiscal, por el que impugna el recurso de apelación interpuesto por las acusaciones populares ejercidas, por Prolege y Vox, en el que solicitan que se reabra dicha diligencia.

La fiscal experta en delitos económicos expone que «se inició el presente procedimiento en virtud de la denuncia presentada por José Manuel Calvente quien refería en la misma que existían irregularidades en el destino de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad a la Asociación #404 Comunicación Popular». Pero la fiscal afín al ministro de Justicia echa por tierra las averiguaciones realizadas por el ex jefe del equipo legal de Podemos asegurando que «las indagaciones no hacen sino confirmar que muchas de las presuntas irregularidades expuestas en la denuncia carecían de sustento».

La Caja B de Rafael Mayoral

El abogado purgado de la formación morada denunció ante la Guardia Civil la existencia en Podemos de una Caja B -denominada con el eufemismo de Caja de solidaridad- que fue creada en 2018 por iniciativa de Rafael Mayoral como secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular del partido. Según el Reglamento de la misma, estos fondos económicos proceden de donaciones mensuales de los cargos públicos estatales de la formación. Los mismos –atendiendo a dicho texto– deberían destinarse a «donaciones a colectivos, entidades, procesos litigiosos o cajas de resistencia de colectivos en movilización y o huelga que pueda haber abiertas». Pero el denunciante detectó una petición sospechosa de 50.000 euros por parte de esta asociación de la que no consta fecha de constitución, razón social o los datos de la persona física que formula la petición del dinero a nombre de esta entidad.

El abogado purgado señaló que tras «investigar en Internet a #404 Comunicación Popular descubrió que parece estar controlada por Cristian Luis Navarro Marrero, que curiosamente trabaja como Asistente Local (en España) de la agrupación de Podemos en el Parlamento Europeo». Aseguró Calvente que Navarro Marrero está «vinculado a la eurodiputada Idoia Villanueva Ruiz». Pero el ex abogado de Podemos denunció que en realidad su actividad laboral era servir a Rafael Mayoral, a quien acompañaba en sus desplazamientos como, por ejemplo, en un viaje a Sao Paulo (Brasil) el día 21 de noviembre 2019, tras las elecciones de noviembre en ese país.

La fiscal Lorena Álvarez, lejos de investigar tal extremo, expone en su escrito que «no hay ningún indicio de que Rafael Mayoral se haya apropiado de los 50.000 euros referidos a través de las personas interpuestas por más que se acompañen de relaciones y rumores obtenidos a través de Internet». Y prosigue: «El hecho de que una persona viaje con otra persona ocho años antes de la concesión de un fondo, carece de mínima virtualidad para entender siquiera la existencia de un mínimo probatorio».

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO aseguran que no es la primera vez que la fiscal «se comporta como defensora de los investigados podemitas», por ejemplo, «en los interrogatorios en lugar de representar al Ministerio Fiscal parece que ejerce la defensa de Podemos».

Los 30.000 euros

La fiscal comete un error garrafal en su escrito al asegurar que se había acreditado la solicitud de los 50.000 euros pero no la concesión del mismo.

Sin embargo, de la documentación requerida por el juez Juan José Escalonilla al banco Triodos Bank queda más que acreditado que, al menos, 30.000 euros del total solicitado sí fueron ingresados a la cuenta de la Asociación #404 Comunicación Popular. El dinero se destinaría a realizar un programa de Youtube con el objetivo de adoctrinar a los jóvenes que son usuarios habituales de esta plataforma.

Fuentes consultadas por OKDIARIO explican que el pago se fraccionó para «no levantar sospechas» al realizar una transferencia de una «cantidad abultada». Asimismo, explican que la última transferencia se efectuó semanas antes de conocerse que Podemos y varios de sus miembros estaban siendo investigados por financiación irregular, fraude electoral y falsedad en documento mercantil, motivo por el que no se completó la operación. De los 50.000 euros solicitados se abonaron 30.000.

Pese a haber recibido dicha cuantía, esta asociación no lo destinó al supuesto programa de entrevistas que se llamaría Veintecento, dado que no consta en su web ni en ninguna de sus plataformas la publicación del mismo.