La falta de un vocal del CGPJ puede convertir en decisivo el voto de Lesmes sobre Delgado

El informe que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitirá esta tarde tras la propuesta de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, podría depender del voto cualificado de su presidente, Carlos Lesmes. El también presidente del Tribunal Supremo tendrá que despejar el previsible empate técnico que se producirá ante la ausencia de uno de los miembros conservadores en el Pleno de esta tarde. La falta de asistencia de Wenceslao Olea -que está de viaje-augura una votación ajustada entre quienes se inclinan por apoyar y los que rechazan de plano la «idoneidad» de Delgado para el cargo.

Esta misma mañana, Lesmes hacía llegar a los miembros del órgano de gobierno de los jueces el texto definitivo para proponer los términos del debate sobre el nombramiento de Delgado. A diferencia de lo que era habitual hasta la fecha, y como había ocurrido en las cuatro ocasiones anteriores para cubrir la vacante del titular del Ministerio Público, Lesmes excluía cualquier referencia expresa y previa a esa «idoneidad» de Delgado. Si bien, en el documento reconoce que la candidata de Pedro Sánchez cumple con los requisitos legalmente exigidos.

En la actualidad, y a falta de un acuerdo entre los grupos políticos para la renovación del Consejo, los 20 vocales que integran el mismo se reparten entre 11 miembros conservadores -designados por el PP, en 2013- que previsiblemente votarán en contra de Delgado de forma unánime; y, 9 progresistas, a propuesta del PSOE, CIU, PNV e IU, que apoyarán a la ex ministro de Justicia. La falta de un conservador, situaría el resultado final en un empate 10 a 10 en el que el sentido del voto de Lesmes, decantará la balanza.

Fuentes próximas al CGPJ señalan a OKDIARIO que su presidente, Carlos Lesmes, aupado al puesto por Mariano Rajoy –y que fue además director general de Objeción de Conciencia y de Relaciones con la Administración de Justicia de los gobiernos de José María Aznar–, apostaba por un dictamen «tranquilo» y manifestaba en los últimos días a sus compañeros su intención de avalar la designación de Dolores Delgado para el cargo. Ante lo cual, varios de los miembros conservadores del Consejo ya avanzaban que votarían en contra de la misma. La incógnita sobre el sentido de su voto se despejará esta tarde una vez concluyan las deliberaciones que darán comienzo a las 16.30 horas de la tarde.

No es vinculante

La Constitución española establece en su artículo 124 la necesidad de que el CGPJ emita una opinión -que no es vinculante– sobre el perfil e idoneidad del candidato propuesto por el Ejecutivo para encabezar la Fiscalía General del Estado. Se trata de constatar si la candidata de Sánchez cumple con los requisitos de ser un jurista español «de reconocido prestigio» y «con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión». Hasta su nombramiento como ministra de Justicia, Delgado acumulaba más de 25 como fiscal de carrera en activo.

Pese a que la opinión mayoritaria del CGPJ no impide que Delgado sea nombrada formalmente y tome posesión de su cargo en los próximos días -una vez superado el trámite ante la Comisión parlamentaria de Justicia- la postura del CGPJ mostrará, de manera inequívoca, si el Poder Judicial mantiene su rechazo a los intentos del Gobierno de interferir en su independencia.

Polémica 

El anuncio del nombramiento de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado provocaba reacciones críticas contra Pedro Sánchez por parte de las principales asociaciones profesionales de la carrera judicial en España.

Lejos de superarse la polémica suscitada por la decisión del Gobierno socialista, las declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en una entrevista televisada donde asumió la designación y atacó a los tribunales españoles, hacían estallar al Poder Judicial. Varios miembros de su Consejo General -entre ellos algunos progresistas, que incluso fueron diputados del PSOE- emitían un comunicado pidiendo respeto y rigor institucional a Iglesias y La Moncloa salía, inmediatamente, en apoyo de su socio de Podemos.

El escenario, un «atropello a la separación de poderes», no ha sido el más favorable para que el órgano de gobierno de los jueces aborde hoy el debate sobre la «idoneidad» de la ex ministra de Justicia para situarse al frente del Ministerio Público.