Un ex concejal del PSOE extremeño condenado a 4 años de cárcel por malversación en el Teatro de Mérida

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 4 años de prisión y 20 años de inhabilitación al exgerente del Festival de Teatro Clásico de Mérida Pedro Manuel Salguero Moreno por delitos de malversación y prevaricación.

La Sala de lo Penal del alto tribunal ha desestimado íntegramente su recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Mérida, que le condenó, además, a indemnizar con 208.600 euros al Consorcio del Patronato del Festival. La cantidad pagada se descontará en el procedimiento de reintegro seguido en el Tribunal de Cuentas.

Salgado Moreno estaba en libertad a pesar de estar ya condenado a dos años de cárcel por apropiación indebida de fondos públicos pertenecientes a la Orquesta de Extremadura, que se financiaba a través de los presupuestos de la Junta de Extremadura de Guillermo Fernández Vara. El ex concejal socialista sólo pasó 113 días en la cárcel, de la que consiguió salir gracias a que se le concedió el tercer grado penitenciario por tener un trabajo como administrativo. El trabajo lo obtuvo en el Ayuntamiento de Calamonte, regido por el PSOE y donde ya había desempeñado cargo de concejal.

Ahora, el concejal socialista tendrá que volver a la cárcel con esta nueva condena en firme de cuatro años de duración, también por corrupción.

Según los hechos probados de esta sentencia,Pedro Manuel Salguero, que fue gerente del consorcio «Patronato del Festival de Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida» entre 2008 y 2011, no presentó en todo el periodo las cuentas anuales para que el Consejo Rector las aprobara. Tampoco presentó las liquidaciones del Impuesto de Sociedades en 2008, 2009 y 2010.

Asimismo, durante todo el período que fue Gerente, el acusado no atendió los numerosos requerimientos de la Intervención General de la Junta de Extremadura para efectuar el control de carácter financiero del mismo de los ejercicios 2006-2010. Tampoco atendió los requerimientos de la Agencia Tributaria en relación a los ejercicios 2008- 2010.

También se considera probado que durante su etapa como gerente, el Consorcio no contó con una contabilidad en forma y a 27 de febrero de 2012, tenía una deuda estimada de 3.558.078 euros, más la deuda tributaria.

Igualmente, el acusado firmó, en nombre del Consorcio, distintos contratos sin seguir procedimiento de contratación administrativa alguno, es decir, contratando de forma directa, y ello, con conocimiento de que actuaba al margen de la ley vigente en ese momento.