La CUP presenta una ley que crea un comisariado ideológico para sancionar al margen del código penal

La CUP ha anunciado este lunes su intención de presentar una proposición de ley para penalizar al margen del Código Penal lo que su ideología anticapitalista e independentista considere que son formas de discriminación, odio, racismo o simbología fascista. Los anticapitalistas radicales han anunciado, para ello, la creación de lo que llaman la Comisión de No discriminación, un comisariado ideológico al servicio de esta iniciativa, con una estructura fuera de la legalidad vigente de manera «consciente».

La ley, según han anunciado esta tarde orgullosos los diputados Benet Salellas y Mireia Vehí en rueda de prensa, «invade conscientemente» competencias que son exclusivas del Estado.

Además, admiten que ciertamente buscan «un desafío a la legislación constitucional vigente», pues la norma también incluirá el capítulo de la ley catalana de igualdad efectiva entre hombres y mujeres que fue recientemente suspendida por el Tribunal Constitucional.

El texto recogerá un capítulo sancionador «destinado a combatir conductas racistas y discriminatorias» que incluye la previsión de penalizar determinadas conductas como delitos, aunque ello suponga «una intromisión intencionada en el Código Penal» español.

Para ello, la CUP prevé crear un comisariado ideológico al margen de la legislación española, e incluso de la propia de la Comunidad Autónoma catalana, que se encargue de sancionar administrativamente lo que el texto considere inadecuado. El objetivo es seguir creando un corpus jurídico al margen del español, y no sólo eso, sino poner los andamios de una república catalana de corte radical de izquierdas.

Ese nuevo órgano será bautizado como la Comisión de No Discriminación, y será el encargado de fijar las sanciones. Los diputados de la CUP no han sabido explicar bien cómo serán elegidos sus miembros ni con qué criterios, pero sí han deslizado que estarán al margen de cualquier control político, y sólo rendirán cuentas ante el Sindic de Greuges (defensor del pueblo catalán). Sus integrantes, según han dicho Salellas y Vehí, serán elegidos entre miembros de la propia Administración catalana, juristas y entidades de derecho civil.

Esta proposición de ley «penalizará», por ejemplo, «la iconografía fascista», pero también determinadas «conductas de asedio que no llegan a categoría de delito» y será un nuevo órgano, la Comisión de No Discriminación, el encargado de fijar las sanciones.