El Consejo de Europa pide a España que valore «el indulto o la liberación» de los golpistas del 1-O

• Diego Buenosvinos
• Especialista en periodismo de Salud en OKDIARIO; responsable de Comunicación y Prensa en el Colegio de Enfermería de León. Antes, redactor jefe en la Crónica el Mundo de León y colaborador en Onda Cero. Distinguido con la medalla de oro de la Diputación de León por la información y dedicación a la provincia y autor de libros como 'El arte de cuidar'.
• • 03/06/2021 23:13
  • Actualizado: 04/06/2021 14:19

El Consejo de Europa ha pedido a España valorar «indultar a los presos del procés» que dieron el golpe de Estado del 1-O, con la ilegal declaración unilateral de independencia (DUI) y el posterior referéndum ilegal. Varios de los cabecillas de todo aquel proceso separatista fueron condenados a diferentes penas, varios de ellos por el delito de sedición.

El pasado mes de mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestaba su intención de indultar a los presos, según él, por “iniciar una nueva etapa” en Cataluña y dejar atrás “el desgarro del procés”. Esas y otras declaraciones de igual calado provocaron la repulsa en los principales grupos políticos como PP, Vox o Ciudadanos, así como a asociaciones y otros colectivos como el liderado por Rosa Díez -Unión 78-, y que el próximo día 13 de junio en Colón se ha convocado una gran concentración nacional para tratar de evitar la excarcelación de los presos políticos catalanes.

Ahora, la Comisión de Asuntos Legales de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa acaba de aconsejar a España que reforme el delito de sedición, como vienen sosteniendo los independentistas catalanes a raíz del juicio de los presos por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y para así facilitar la excarcelación de los presos del procés.

El informe en cuestión ha sido redactado por el parlamentario letón Boris Cilevics, encargado de analizar dos denuncias sobre Turquía y España. Cuando lo estaba preparando, en febrero del pasado año, fue polémico que el Congreso dedicara casi 5.000 euros para sufragar el coste de su visita a España, aunque correspondía a los acuerdos de funcionamiento entre instituciones.

Durante el juicio se valoró si los actos cometidos constituían un golpe de Estado, y tal es así que el propio fiscal del Supremo, Javier Zaragoza, dijo explícitamente que «fue un golpe de Estado” y que lo que se buscó fue  “la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales”. Este informe perpetrado por el Consejo de Europa da alas otra vez al independentismo catalán y así, Esquerra Republicana aseguran que el texto aprobado es una victoria porque supone urgir al Gobierno a «liberar a los presos» y «retirar los cargos de extradición». La senadora Laura Caste ha manifestado en un comunicado que el informe es un «cambio de paradigma» y tendrá un «enorme impacto en la vía jurídica europea».

Al texto del ponente letón se presentaron una veintena de enmiendas del PP y del PSOE, pero sólo se admitió una, con lo que la redacción del relator ha pasado al pleno de asamblea sin apenas cambios, con 21 votos a favor y 6 en contra.

La conclusión del informe, avalada ahora por la citada comisión que preside el mismo Cilevics, es que «la mera expresión de opiniones independentistas no es motivo de persecución penal», pero al mismo tiempo se subraya que varios altos cargos políticos catalanes fueron procesados y finalmente condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos en apoyo del «referéndum inconstitucional» sobre la independencia de Cataluña.

Por ello, y según ha informado la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se aconseja a las autoridades españolas reformar las disposiciones penales sobre rebelión y sedición de tal manera que «no puedan interpretarse de manera que anulen la despenalización de la organización de un referéndum ilegal» o den lugar a «sanciones desproporcionadas».

«Objetivos políticos sin medios ilegales»

El texto, que no tiene ningún tipo de desperdicio, se resume en la petición a las autoridades españolas que «deben abstenerse de exigir a los políticos catalanes detenidos que repudien sus opiniones políticas profundamente arraigadas a cambio de un régimen carcelario más favorable o una oportunidad de indulto». Eso sí, cree que se les puede «exigir que se comprometan a perseguir sus objetivos políticos sin recurrir a medios ilegales».

Sin embargo, y por ahora, el informe deberá aún ser debatido por la Asamblea Parlamentaria durante su próximo período parcial de sesiones plenarias, en la semana del 21 al 24 de junio de 2021.

Pero sin duda alguna, uno de los puntos del texto que más controversia creará en la opinión de los grupos políticos de la oposición al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, es que habla incluso de «manifestaciones pacíficas» en 2017 en los siguientes términos: «Creemos que se debe producir una reforma legal para considerar indultar o liberar de la prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional y las manifestaciones pacíficas masivas relacionadas», para estudiar «retirar los procedimientos de extradición» y para «retirar los enjuiciamientos restantes también de los funcionarios de menor rango involucrados en el referéndum inconstitucional».

El Gobierno considera el dictamen  

El Gobierno considera que el informe del Consejo de Europa que insta a España a «considerar el indulto o la excarcelación» de los líderes del procés, «avala la actuación» de España en esta materia pese a que «parte de un planteamiento erróneo» que merece un «reproche general del Gobierno de España».

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, la resolución parte de un «prejuicio» que contamina todo el texto: que los líderes del procés fueron juzgados por expresar sus ideas en el ejercicio de sus cargos. Esto «contamina» todo el documento y se refleja en la resolución y en sus recomendaciones.

Pese a estos reproches, el Ejecutivo considera que el borrador de conclusiones «avala la actuación España y reconoce que los políticos independentistas actuaron al margen de la Constitución y de la legalidad».

El Gobierno destaca, no obstante, que junto a este reconocimiento del orden constitucional, la Asamblea considera que las penas impuestas «son muy elevadas» y recomienda el indulto de los presos y el abandono de las extradiciones.