Ciudadanos pedirá que la Fiscalía y la Alta Inspección combatan el adoctrinamiento en las aulas

El Grupo Parlamentario Ciudadanos defenderá la semana que viene en el Congreso una moción consecuencia de interpelación urgente con una batería de medidas para que la Fiscalía y la Alta Inspección puedan combatir el adoctrinamiento del «odio nacionalista» en las escuelas catalanas y en otras regiones donde «se está comenzando un proceso similar», entre las que nombra la Comunidad Valenciana y Baleares.

Concretamente, Ciudadanos pide desarrollar el marco normativo de manera que la Alta Inspección Educativa del Estado pueda realizar «requerimientos e inspecciones en centros educativos», elaborar informes sobre las decisiones de las administraciones educativas y contenidos curriculares y garantizar la «neutralidad ideológica y política de los centros docentes».

Además, solicita desarrollar también la normativa vigente para que contemple la exigencia de «responsabilidades disciplinarias» a directores y profesores por la realización de actuaciones de «adoctrinamiento del odio nacionalista»; y para que la Fiscalía «pueda perseguir con diligencia los delitos de odio cuya víctima son los menores de centros educativos».

Por último, Ciudadanos pedirá un desarrollo legislativo que garantice que las familias y personas que denuncien las actividades de adoctrinamiento «disfruten de la protección adecuada, incluido el anonimato, con la plena garantía de la indemnidad frente a cualquier comportamiento dirigido a perjudicarles», especialmente en el caso de los menores.

El grupo parlamentario advierte en el texto registrado en el Congreso de que bajo el eufemismo de «debatir la situación política» en las aulas, se están llevando a cabo «adoctrinamiento ideológico a niños y niñas de todas las edades» e invitaciones a participar en movimientos de protesta o la realización de pancartas.

«En los últimos actos de adoctrinamiento del odio, la víctima propiciatoria han sido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se les está trasladando a los menores una concepción negativa de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, mientras que entronizaba al cuerpo de Mossos d’Esquadra, como héroes del pueblo», señala.

Igualmente, destaca que, tras el 1-O, más de una veintena de casos que afectan a hijos de Guardias Civiles y de Policías Nacionales han sido denunciados porque son ‘víctimas de acoso escolar en las aulas tanto por sus compañeros como por el profesorado’. En todo caso, la formación naranja precisa que las actividades de adoctrinamiento «no son hechos nuevos» sino que llevan «décadas» produciéndose.

Segundo requerimiento de Educación

Durante la interpelación defendida el pasado miércoles por el diputado de Coidadanos Toni Cantó, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, admitió que una de las causas de la crisis con Cataluña se debe al adoctrinamiento en colegios y universidades durante décadas, pero subrayó que su función es «limitada» para evitarlo porque las competencias educativas están transferidas.

Por ello, planteó la reforma de la Constitución para introducir el principio de ‘lealtad constitucional’, porque, según dijo, «lo echa en falta» en Educación, así como la reforma del sistema educativo «consensuada» con el resto de formaciones políticas en el marco del Pacto Social y Político por la Educación.

Además, informó de que el Ministerio de Educación Cultura y Deporte ha enviado un segundo requerimiento a la consejera catalana, Clara Ponsatí, en el que alerta de que el acoso escolar a los alumnos que no participan en actos a favor de la independencia y contra la Policía y Guardia Civil en colegios e institutos se ha incrementado «exponencialmente» tras el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

Este texto, fechado el 5 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, es el segundo de esta naturaleza con el que el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo exige a la responsable autonómica de Educación que depure responsabilidades entre el profesorado por los actos de adoctrinamiento y restaure los derechos conculcados a los alumnos hostigados por motivos ideológicos. «Si no hay respuesta, o no es satisfactoria, iremos a los tribunales», afirmó en la Cámara Baja.