Cerdán impulsó una reunión con el dueño de Forestalia mientras éste negociaba un rescate de 17 millones de la SEPI

Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y hombre fuerte de Pedro Sánchez en Ferraz, organizó en julio de 2021 una reunión en Zaragoza con miembros de la red criminal ‘Hirurok’ –»nosotros tres», en vasco– y con Fernando Samper, propietario del grupo Forestalia, en un momento en que este último tenía solicitudes de financiación pendientes ante fondos gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Así consta en la denuncia presentada el 9 de diciembre de 2025 por la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Nacional, firmada por la fiscal Elisa Lamelas. El documento no atribuye a Cerdán ningún acto delictivo concreto, pero su nombre aparece explícitamente en el contexto de las gestiones que la trama habría realizado para favorecer a Forestalia en la obtención de ayudas públicas millonarias.

La red ‘Hirurok’ —»nosotros tres» en euskera— estaba integrada por Antxón Alonso Egurrola, empresario del sector de infraestructuras socio de Cerdán; Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI y ex hombre fuerte de María Jesús Montero; y Leire Díez, la ex militante del PSOE y periodista que ocupó entre 2018 y 2024 cargos directivos en la empresa pública ENUSA y en Correos.

Según la Fiscalía, los tres habrían utilizado sus conexiones en la administración para orientar expedientes en beneficio propio o de terceros, canalizando los ingresos obtenidos a través de sociedades interpuestas. La denuncia les imputa delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

La investigación arranca de un informe de la UCO de la Guardia Civil de más de 240 páginas, elaborado tras los registros practicados los días 10 y 11 de junio de 2025 en el domicilio de Alonso Egurrola y en la sede de su empresa Servinabar 2000 SL.

Reuniones en Zaragoza

El 24 de mayo de 2021, Alonso Egurrola y Fernández Guerrero viajaron a Zaragoza para reunirse con Samper en su domicilio particular. Según la denuncia, ambos se hospedaron esa noche en el hotel Alfonso, con reserva hecha a nombre de Servinabar.

Al día siguiente, Alonso Egurrola escribió a Fernández Guerrero para comunicarle que había quedado con Santos Cerdán León «para fijar una fecha para comer y tratar el tema Samper».

El 12 de julio de 2021 tuvo lugar una segunda reunión en Zaragoza con Samper. En esta ocasión Cerdán también estuvo presente. Según la denuncia, ese encuentro fue organizado «a instancias de este último».

Alonso Egurrola había propuesto a Samper celebrarla indicando que acudirían «él mismo, Santos y Vicente, este último referido como Vicente (SEPI)».

El grupo Forestalia, cuyo titular real es Fernando Samper, tenía en ese momento dos solicitudes de financiación pendientes ante el fondo FAIPP, gestionado por SEPIDES, sociedad a su vez participada íntegramente por la SEPI.

Una de ellas, la ayuda pedida por Arapellet —filial de Forestalia dedicada a la explotación de madera—, fue aprobada en enero de 2023 por un importe de 17,32 millones de euros para la construcción de una planta de pellets en Guardo, Palencia.

Ayudas a Forestalia desde la SEPI

Según los mensajes de la app Threema recogidos en la denuncia, Fernández Guerrero habría intervenido activamente para impulsar esas solicitudes. El 23 de noviembre de 2021 compartió en el chat del grupo un informe interno de SEPIDES sobre el estado de las peticiones al fondo FAIPP y escribió: «Ahí están las dos de Samper, Forestalia y Arapellet respecto de las que ya nos han pedido que ayudemos y empujamos».

El 9 de febrero de 2022 concretó en otro mensaje la retribución prevista: «vamos a éxito con ellos», añadiendo que percibirían «200.000 euros si hay éxito». La propia denuncia admite, sin embargo, que ese pago no ha sido localizado por los investigadores.

La operación societaria vinculada a Forestalia resulta aún más llamativa. En mayo de 2022, Alonso Egurrola adquirió dos sociedades desgajadas del grupo —Energías Renovables de Quirón y Energías Renovables de Satet— por un importe conjunto de 141.404 euros.

En diciembre de 2024 las vendió por 6,8 millones de euros, una plusvalía de más de 6,6 millones que la UCO califica de «difícil explicación económica» y que la Fiscalía señala como posible indicio de cohecho o delito contra la Hacienda Pública.

Más operaciones corruptas

La denuncia sitúa estas operaciones en el marco de una actividad mucho más amplia. La trama habría inflado en 700.000 euros el coste de unas obras para justificar el traslado de sede de Mercasa, empresa pública participada al 51% por la SEPI. Habría diseñado el pliego que permitió a Acciona hacerse con la gestión de residuos de ENUSA.

Habría cobrado 114.959 euros por desbloquear el rescate público de Tubos Reunidos, que recibió un crédito participativo de 112,8 millones aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de julio de 2021.

Y habría llegado más lejos aún: Fernández Guerrero anticipó en un chat, con diez días de antelación, la fecha exacta y el sentido del fallo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en un recurso sobre una obra de demolición en Avilés.

«Conchita ha cumplido»

Cuando el tribunal desestimó el recurso el 20 de enero de 2022, exactamente como él había vaticinado, escribió en el grupo: «Conchita ha cumplido», en referencia aparente a María de la Concepción Ordiz Fuertes, presidenta del tribunal, que había trabajado bajo sus órdenes en la SEPI entre 2018 y 2019.

Todo este caudal de mensajes cifrados, documentos con metadatos reveladores y facturas con conceptos inverosímiles en una empresa sin experiencia en obras —como el «mantenimiento de Pamplona» que encubría presuntos sobornos relacionados con obras en Avilés— constituye el sustrato probatorio sobre el que la Fiscalía ha construido su denuncia.

Una denuncia que, en lo que respecta a Cerdán, se limita por ahora a colocarlo en la misma mesa que la trama y el hombre al que la trama quería favorecer. Lo que se habló en esa mesa en Zaragoza aquel julio de 2021 es precisamente lo que tendrá que aclarar la instrucción judicial.