Castells exige a las universidades privadas divulgar la ley de ‘desmemoria democrática’ de Sánchez

El Gobierno socialcomunista pone en marcha su vocación adoctrinadora en la enseñanza a través de todos los mecanismos a su alcance. La próxima Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) -que este martes ha pasado su primer trámite en el Consejo de Ministros- es uno de ellos. Según consta en el articulado, las universidades deberán promover «en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en materia de memoria democrática como forma esencial de educación de las nuevas generaciones». El texto no hace diferenciación alguna entre centros públicos y privados. El Ejecutivo pretende imponer así su ideología sobre la ‘desmemoria’ al alumnado. Una intención que se va reflejando en todas las etapas del proceso educativo.

La ley de la autollamada ‘memoria democrática’- ahora en trámite parlamentario- ya se fijaba en la educación como uno de los pilares esenciales, señalando que se fomentará «el conocimiento de la historia y la memoria democrática española y la lucha por los valores y las libertades democráticas».

Como recientemente reveló OKDIARIO, el Gobierno pretende adoctrinar también en esa ideología a los niños de entre 10 y 12 años, según se recoge en el currículo educativo de la asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural para el tercer ciclo de Primaria.

Aunque aún no ha trascendido el contenido con el que se pretende dotar esta nueva materia, sí se van dejando pistas.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, desveló algunos detalles durante su participación en el curso Memoria democrática y ciudadanía: el Valle de los Caídos en perspectiva comparada, celebrado en  la Universidad Complutense de Madrid. Este alto cargo del Ministerio de la Presidencia explicó, por ejemplo, que se enseñará la Guerra Civil como «la primera batalla contra el fascismo en Europa». 

En su intervención, defendió que «la memoria y la historia de la democracia tienen que entrar en la escuela» y consideró que, hoy por hoy, «el problema que tenemos es que no se llega a ese periodo para estudiarlo» y que hay «mucha gente que se conoce bien Atapuerca pero no esto». «España fue el primer episodio de lucha contra el fascismo. Aquí se libra la primera batalla contra el fascismo y luego se sigue en Europa, en la resistencia, en los batallones de guerrilleros. Por tanto, formamos parte de la construcción de la memoria democrática de Europa y eso que a nadie se le olvide», insistió Martínez.

El Gobierno está así dispuesto a volcar en los alumnos sus polémicas normas sobre la «memoria».

Entre otras medidas, la futura ley plantea la «resignificación» del Valle de los Caídos y la exhumación del líder falangista José Antonio Primo de Rivera, que dejará de estar en un «lugar preponderante» de la basílica.

El Ejecutivo también se reserva decidir «en su momento» sobre el destino de la gran cruz del Valle de los Caídos. Se retirarán símbolos, distinciones y títulos nobiliarios a «todas aquellas personas a las que se les concedieron por ser protagonistas de la dictadura o de la Guerra Civil» y se establece un régimen sancionador con multas de hasta 150.000 euros para quienes lleven a cabo «actos de exaltación» del franquismo.

La ley de «memoria democrática» llega con mucha controversia por su persecución a la libertad de expresión de sólo ciertas ideas y pensamientos de cierta ideología. Tanto es así que el PP ya ha anunciado que en cuanto llegue al poder la sustituirá por una Ley de Concordia que reivindique «la Transición y lo mejor de la Historia de España».

El Gobierno planea además  la disolución de entidades que enaltezcan el franquismo o al dictador, como la Fundación Francisco Franco. En cambio, fundaciones de genocidas como la de Francisco Largo Caballero podrán seguir recibiendo subvenciones.