Calvo asegura que ha encontrado la fórmula legal para disolver la Fundación Francisco Franco

La Fundación Francisco Franco tiene los días contados. Al menos es de lo que está convencida la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que el próximo martes llevará al Consejo de Ministros la nueva ley de Memoria Democrática. Según ha explicado durante su participación en Los Desayunos de Europa Press, su departamento ha encontrado las fórmulas legales para sortear los reparos que puso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe sobre el anteproyecto.

La pega del órgano de gobierno de los jueces fue la siguiente: «La apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión». De ahí que el informe del CGPJ indicara al Gobierno la necesidad de precisar esa disposición para no incurrir en inconstitucionalidad.

El anteproyecto fijaba también como causa general para cerrar fundaciones que éstas «no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo», un motivo que el CGPJ aconsejaba suprimir por su «falta de taxatividad». Según el informe, se dejaba «un amplísimo margen de apreciación» a quien pida la extinción de una fundación y al juez que tenga que resolver.

La responsable de Memoria Democrática, eufemismo sobre el que se oculta el afán gubernamental por imponer una verdad oficial sobre una etapa conflictiva de la historia de España, ha preferido no desvelar cuál es el método que ha encontrado el Gobierno para ajustarse a las recomendaciones del órgano de gobierno de los jueces y poder proceder a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.

«Lo que dice el informe, que agradecemos mucho, es que hay que hacerlo por otra vía, pues lo hacemos por otra vía y ya está», ha indicado Calvo, resaltando que el propio CGPJ «dice que no se puede enaltecer el totalitarismo», pero rehusando «destripar» la ley antes de que llegue al Consejo de Ministros.

El informe del CGPJ ponía en valor la declaración del Parlamento Europeo que equiparó el nazismo con el comunismo en 2019. Así, explicaba que la consideración de «actos contrarios a la memoria democrática» debería seguir aquella pauta que reclamó a los estados de la UE «una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado”.

Calvo ha explicado que el texto que el Gobierno enviará al Congreso rechazará el enaltecimiento de «cualquier totalitarismo» lo que en España se debe traducir en el enaltecimiento de la dictadura franquista. «El primer zarpazo del fascismo en Europa se ensaya en España», ha recordado la ‘número dos’ del Gobierno, en alusión al «golpe fascista» de 1936.

«De eso nos tenemos que ocupar, no nos gusta ningún totalitarismo, así que no nos gusta que de ninguna manera se pueda exaltar al dictador y la dictadura por respeto a las víctimas, sus familiares y la memoria de los demócratas españoles, que en principio somos todos», ha remarcado.