Las asociaciones independentistas no han logrado aún los 2,1 millones de fianza de los procesados

• Joan Guirado @joanguirado
• Corresponsal de Gobierno y Casa Real. Siguiendo la actividad del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del Rey de España. También política catalana.
• • 01/07/2018 03:17
  • Actualizado: 01/07/2018 03:17

Quedan menos de 24 horas de plazo para que los 14 ex consejeros del Govern y el ex presidente Carles Puigdemont depositen voluntariamente 2,1 millones de euros en concepto de fianza solidaria por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Es la cantidad que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena valora que se destinó a sufragar la organización del referéndum, aunque la Guardia Civil en sus investigaciones ya lleva detectados más de 4 millones de euros. Y a pocas horas de vencer el plazo, los ex consejeros -muchos de ellos en prisión preventiva- no consiguen reunir los dineros para depositar ante el juez.

ANC, Ómnium Cultural y el PDeCAT hicieron una llamada este viernes a los simpatizantes independentistas a volver a llenar las cajas de solidaridad independentistas para hacer frente al pago de la fianza. Aunque desde las entidades independentistas aseguran que «no estamos de acuerdo con el delito que se les imputa ni con la fianza», creen que «lo mejor es pagar la cantidad que sugiere Llarena». Pero parece que el mensaje no ha calado entre los independentistas, que llevan años depositando dineros a fondo perdido a estas cajas de solidaridad independentistas, para pagar las fianzas de los cargos políticos catalanes.

Aunque algunos electos en ejercicio, como la diputada de JxCat Aurora Madaula, publicaron en sus redes sociales el donativo para animar al resto de ciudadanos, con el concepto «pago por el rescate de los rehenes», a falta de 24 horas para depositar la fianza las entidades independentistas no cuentan aún ni con la mitad del dinero necesario para hacer frente a la requisitoria del juez Pablo Llarena. De no ingresar los 2,1 millones de euros reclamados a los procesados, el Tribunal Supremo podría embargarles algunos bienes personales.