Las abogadas de las denunciantes de Julio Iglesias maniobraron para interrogarlas en la Audiencia sin tener permiso

Las abogadas de las denunciantes de Julio Iglesias intentaron interrogarlas durante su comparecencia en la Audiencia Nacional sin que el mencionado tribunal tuviera competencia para hacerlo. Las letradas trabajan para la organización Women’s Link Worldwide que ha sido patrocinada por George Soros.

El pasado mes de enero, los medios de comunicación eldiario.es y Univisión publicaron que dos ex empleadas de Julio Iglesias se habían sentido agredidas sexualmente por el cantante. Para dar más solidez al testimonio, pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional mediante una denuncia que interpusieron a través de la organización Women’s Link.

El Ministerio Público abrió unas diligencias preprocesales para estudiar el asunto y tomó declaración a las dos chicas que supuestamente habían sufrido los abusos. Declararon por videoconferencia como testigos protegidos para evitar que trascendiese su identidad.

Las dos ex empleadas de Julio Iglesias prestaron declaración ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, que les preguntó por su nacionalidad y lugar donde habían ocurrido los hechos. Insistió en si alguna de ellas tenía doble nacionalidad. Las preguntas iban encaminadas a conocer si el tribunal español tenía competencia o no sobre el asunto.

La representante del Ministerio Público no hizo más preguntas que esas, sin embargo, las abogadas de las denunciantes intentaron que relataran lo ocurrido ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Insistieron pese a que ya conocían que los hechos no habían ocurrido en España y que ninguna de las dos denunciantes tenía la nacionalidad española.

Una declaración breve

La teniente fiscal tuvo que cortar el interrogatorio que trataban de hacer las abogadas de las denunciantes de Julio Iglesias porque el motivo de la comparecencia era, únicamente, conocer si existía o no competencia para admitir a trámite la denuncia.

De este modo, la intervención de ambas fue breve. Tan sólo se limitaron a dar explicaciones sobre sus países de procedencia y que los hechos ocurrieron fuera de España. El tribunal protegió al máximo su identidad para que no trascendiese a los medios de comunicación.

Archivo tras la declaración

Una vez escucharon a las dos denunciantes, la denuncia que le habían puesto a Julio Iglesias fue archivada por falta de competencia. La Fiscalía de la Audiencia Nacional lo tuvo claro al conocer su testimonio, puesto que los presuntos hechos habían ocurrido en el extranjero, específicamente en República Dominicana y Bahamas.

El Ministerio Público explicó que las denunciantes carecían de nacionalidad española y que no tenían «su centro de vida, intereses o actividad» en España, a donde tampoco viajaron con Julio Iglesias.

La Fiscalía reforzó su dictamen con el argumento de que, además, las víctimas son extranjeras y no residentes en España. «Los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España o, aun siéndolo, tampoco están en nuestro país», esgrimieron.

La Audiencia Nacional tan sólo abrió diligencias preprocesales en una fase preliminar destinada a evaluar si el caso entraba dentro de sus competencias y si había base para seguir adelante. No lo hubo, tal y como quedó acreditado en el testimonio de las dos denunciantes.

La Fiscalía también alegó en el escrito que los hechos denunciados «se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron», es decir, en República Dominicana y Bahamas. Por el momento, la organización que intentó abrir el proceso judicial en España no ha denunciado en los países de origen donde sí se tienen las competencias para estudiar la denuncia contra Julio Iglesias.

La batalla judicial de Julio Iglesias

Julio Iglesias, por su parte, también ha emprendido acciones legales tras lo ocurrido. Su defensa, ejercida por el penalista José Antonio Choclán, puso demandas de conciliación contra eldiario.es y la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, la cual le difamó tras conocer la denuncia de sus ex empleadas. Los tribunales ya han señalado fechas para sendos actos de conciliación.

La defensa del cantante también ha iniciado un procedimiento por la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo para que le dejen acceder a la denuncia. El Ministerio Público se negó a enseñársela y a darle traslado de las diligencias preprocesales, apoyándose en circulares previas de la Fiscalía.

La juez de lo Contencioso-Administrativo admitió el recurso de Julio Iglesias y citó a su abogado y a la Fiscalía, cuya defensa la ejerce la Abogacía del Estado. Tendrá que decidir si da traslado al cantante de su denuncia.