⁠Los cuatro frentes judiciales que seguirán acorralando a Illa tras las elecciones catalanas

Salvador Illa, apuesta personal de Pedro Sánchez para ser el próximo presidente autonómico de Cataluña, está cercado por varios casos judiciales abiertos. Tras su gestión de la pandemia del coronavirus se registraron múltiples denuncias de las que varias aún no están resueltas. Entre otras, tiene una denuncia por resolver en el Tribunal Supremo, un contrato millonario que analiza la Fiscalía Europea, un procedimiento abierto por un juzgado de Instrucción de Madrid contra su equipo por no retirar de los hospitales mascarillas fake y el caso abierto en la Audiencia Nacional en el que el juez está solicitando información al Ministerio de Sanidad en tiempos de Illa sobre los acuerdos con la polémica empresa Soluciones de Gestión SL.

En primer lugar cabe recordar que el pasado marzo Vox presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra Salvador Illa por la compra de mascarillas por valor de 623 millones desde el Ministerio. La formación de Santiago Abascal le atribuye «graves irregularidades» en la compra de material sanitario y fundamenta su querella en presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos, tráfico de influencias y fraude.

La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, alertó de que, bajo el marco del Real Decreto por el que suspendieron los trámites burocráticos habituales para responder al impacto del coronavirus se ejecutaron 56 contratos por valor de 623 millones de euros de «forma negociada, sin publicidad, y prescindiendo de todo procedimiento administrativo». En esos encargos «no consta la identidad fiscal de las empresas, su domicilio -ni en España ni fuera-«. Esto hace imposible su identificación y localización, hasta el punto de generar serias dudas sobre la propia existencia de los mismos.

El Supremo tendrá que dirimir si, tal como pide Vox, ante los hechos trasladados corresponde interrogar al actual candidato del PSC para las elecciones catalanas, así como otros altos cargos de aquel entonces, como el director del Instituto de Salud Carlos III y el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Fiscalía Europea

En segundo lugar, aparece el caso del macrocontrato de Sanidad con FSC Select Products SL. Es uno de los contratos denunciados por el PP de Isabel Díaz Ayuso ante la Fiscalía Anticorrupción junto al de Soluciones de Gestión que ha abierto la causa en la Audiencia Nacional.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, las presuntas irregularidades del contrato sanitario con FCS eran más graves, pero al contener fondos europeos se derivó a la Fiscalía situada en Luxemburgo. Ahí está el caso desde julio de 2022. Queda por determinar si se llega hasta el fondo o Ignacio de Lucas, el fiscal español en ese órgano por designación del Gobierno de Pedro Sánchez, lo archiva. En Anticorrupción les gustaría indagar la que consideran una de las contrataciones más sospechosas durante la pandemia y cabe la opción de que Luxemburgo se inhiba en favor de la Fiscalía Anticorrupción española.

Se trata de los 263 millones que Salvador Illa pagó por adelantado, a dedo y sin justificar, a la empresa FSC. Fue el mayor pelotazo de mascarillas y parte fueron defectuosas. La administradora de la empresa era una condenada por estafa agravada en 2016. Pactó una condena de 10 meses de prisión y una multa de 66.980 euros. Existe una relación de amistad de los responsables de la mercantil con Salvador Illa, cimentada por la coincidencia en el entorno del municipio de La Roca del Vallés (Barcelona), localidad natal del ex ministro. La empresa, tras los contratos de Illa, ha comprado inmuebles de lujo por 30 millones, como desveló OKDIARIO. O, entre otros datos sospechosos, la empresa ofrecía servicios de fabricación de productos de marketing para el sector de las bebidas alcohólicas.

Juzgado de Madrid

En tercer lugar, está el juicio contra el equipo de Illa en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid. El juez les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores penado con hasta 6 años de cárcel. La Policía elaboró un informe demoledor sobre una partida de mascarillas que no protegían y que el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa distribuyó por hospitales de toda España en los primeros compases de la pandemia a pesar de saber que tenían certificados «falsos».

«Los usuarios han estado expuestos a un riesgo grave para su salud, principalmente, debido a la falta de eficacia en el filtrado en el caso de las mascarillas, no garantizándose con estos medios los niveles apropiados para desempeñar su actividad con las medidas adecuadas», zanjan los agentes en un informe que desvela OKDIARIO.

También en el sumario, consultado por este periódico, consta una carta de una empresa china en la que reconocen abiertamente la «negligencia» y pactan que, para no tener que devolver parte del dinero, entregarán una nueva partida de tapabocas. Sin embargo, Sanidad consintió que durante 7 largos días las mascarillas se usaran por sanitarios de trinchera. Estamos ante una denuncia de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) que se archivó, pero que se ha ordenado reabrir. Las fuentes pulsadas no descartan que el juez elabore una exposición razonada para imputar a Illa como responsable último de los hechos.

Audiencia Nacional

Por último, el caso Koldo. El juez Ismael Moreno ha solicitado información al Ministerio de Sanidad porque Illa también llegó a acuerdos con Soluciones de Gestión, la empresa de Juan Carlos Cueto que se sitúa en el centro del caso de presuntas comisiones millonarias a un asesor ministerial, un guardia civil adscrito al Ministerio de Trabajo, entre otros.

El ex ministro aceptó a la trama Koldo como «proveedores» del Gobierno de Pedro Sánchez para material anti-Covid tras depositar una garantía de 57.228 euros. Aunque Illa negó haber contratado a la trama en una comisión de investigación, su equipo aprobó un acuerdo marco con la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ferrovial Servicios SA y Soluciones de Gestión SL.