El decreto de Vivienda amenaza la concesión de hipotecas al usar deuda pública para prestar el 20% de la entrada
El riesgo añadido por el Gobierno con sus préstamos al 0% endurecerá el crédito prestado por parte de los bancos
El nuevo programa con el que el Gobierno pretende financiar el 20% de la entrada de las casas al 0% y con 30 años de carencia a cambio de topar para siempre el precio de venta del inmueble amenaza con dejar sin hipotecas a los españoles. De nuevo, el decreto de Vivienda incluye una medida que, pese a sonar a fórmula mágica, esconde trampas financieras que podrían dinamitar el mercado hipotecario y, además, cargar el coste a las futuras generaciones.
Tras conocer la batería de acciones que el Ejecutivo pretende llevar a cabo para gestionar la crisis de vivienda del país este periódico se ha puesto en contacto con expertos que aseguran que topar el precio al IPC sólo destruirá la revalorización y liquidez de la garantía: «Ante este riesgo, el banco comercial endurecerá filtros y no prestará el 80% habitual», apuntan.
Con este contexto, un ciudadano que decida solicitar el préstamo del Gobierno llega en realidad al banco con el 100% de financiación (80% del banco y un 20% del Estado al 0%) y con una vivienda que el banco sabe que no va a generar riqueza: «Rompes la gestión de riesgos. Te quedas con el préstamo del Estado aprobado pero sin hipoteca principal», apuntan.
Sin embargo, el verdadero cortocircuito que puede provocar el nuevo invento de los de Sánchez se da en el préstamo promotor. Tal y como relatan las voces consultadas, cuando un banco financia una obra, asume que las viviendas serán libres. Pero, en este caso, cuando un comprador acuda con esta ayuda, apalancado al 100% y con mayor riesgo de insolvencia, «transforma esa vivienda concreta en un activo ilíquido frente a la de su vecino».
«Esto complica extraordinariamente la gestión de riesgos del banco, creando un incentivo perverso pero lógico: vetar la subrogación de la hipoteca del promotor a este perfil de compradores», subrayan.
Al caldo de cultivo creado por el Ejecutivo también hay que añadirle la actuación del Instituto de Crédito Oficial. El decreto especifica que el ICO solo «gestiona», pero no presta ese dinero.
En este punto los expertos en la materia señalan la importancia del matiz puesto que si el ICO prestara este dinero contra su balance, la estricta normativa del Banco de España le obligaría a provisionar hasta el 75% del importe desde el primer día al carecer de rentabilidad y garantía real efectiva.
«Asumir ese golpe financiero consumiría todo su capital, quebrando la institución tras financiar apenas 200.000 viviendas», destacan. Es por ello que, para evitar el colapso, los fondos «salen directamente de los Presupuestos del Estado».
El riesgo señalan que no desaparece, sino que simplemente esquiva la regulación bancaria «para convertirse en déficit público», algo que para los analistas supondrá «una montaña de pérdidas probables desde el día uno y futuros impagos sin garantía real».
Pese a que auguran que esta nueva invención no hundiría al ICO, sí que hará cargar a las espaldas de los ciudadanos la deuda como contribuyentes y también las de nuestros nietos.
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