Vicente Vallés sobre la investidura de Sánchez: «Está en juego una parte del diseño del Estado que se creó en la Transición»
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Falta poco más de un mes para que España vuelva a las urnas y, mientras los partidos cierran sus listas y comienzan a dedicarse a la campaña, un auto del Tribunal Supremo devolvía hace poco la conversación pública a una ley que desde 2024 no deja de dar titulares. Vicente Vallés ha sido una de las voces que se ha pronunciado al respecto, y de hecho, quiso dejar su comentario en Antena 3 Noticias, y lo hizo con una tesis clara: para el periodista, la amnistía no se entiende sin recordar cómo llegó Pedro Sánchez a La Moncloa. Moncloa y sus socios, afirmó, la aprobaron «como pago por la investidura», una valoración propia que sus críticos comparten y que el Gobierno y sus aliados rechazan por completo.
El detonante inmediato es el choque entre los dos tribunales más importantes del país a cuenta de los dirigentes del procés. Vallés habló de un «recorrido tortuoso» de la norma, que ha acabado enfrentando al Supremo con el Constitucional, y avisó de que lo que se juega va más allá de unos nombres concretos, porque en su opinión «está en juego una parte del diseño del Estado que se creó en la Transición». Su intervención coincidió con la decisión de la Sala de lo Penal de extinguir la responsabilidad de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, un movimiento que pone fin a la ejecución de la sentencia de 2019 y que, lejos de zanjar el debate, lo ha encendido todavía más en plena precampaña.
Vicente Vallés sobre la investidura de Sánchez: «Está en juego una parte del diseño del Estado que se creó en la Transición»
La Sala de lo Penal, con Manuel Marchena como ponente, firmó el auto el 19 de octubre. Declara extinguida la responsabilidad criminal de los cuatro exdirigentes catalanes derivada de la sentencia de 2019 y pide al Ministerio de Justicia que borre sus antecedentes penales. Con ello decae también la inhabilitación que pesaba sobre ellos, que llegaba hasta 2030 en los casos de Turull y Romeva y hasta 2031 en los de Junqueras y Bassa, de modo que quedan en condiciones de presentarse a las elecciones del 29 de noviembre. El tribunal no ha cambiado de opinión por iniciativa propia sino que se limita a aplicar lo que le ordenó el Constitucional el 6 de octubre, cuando amparó a Bassa y anuló los autos que habían impedido amnistiar la malversación. Ese amparo se extiende ahora a los otros tres condenados.
El pulso entre el Supremo y el Constitucional
El núcleo de la disputa está en una excepción de la ley que deja fuera de la amnistía los casos de enriquecimiento personal de carácter patrimonial. El Supremo había interpretado que la malversación del procés quedaba excluida, mientras que el Constitucional, en una sentencia aprobada por mayoría y acompañada de cinco votos particulares, defendió que esa exclusión no abarca cualquier malversación, sino sólo los actos de corrupción privada ajenos a la financiación del proceso independentista. Para el tribunal de garantías, la lectura del Supremo fue demasiado extensiva y lesionó los derechos de Bassa. La Sala de lo Penal ha acatado el fallo, pero no ha disimulado su desacuerdo: según los medios que han accedido al auto, reprocha al Constitucional su «expansionismo» y habla de una «mutación» del diseño constitucional, una expresión que encaja con la advertencia de Vallés sobre el equilibrio entre instituciones.
Una advertencia a las puertas de las urnas
Vallés cerró su intervención en el informativo que presenta recordando la proximidad electoral. Recordemos que Sánchez anunció el 5 de octubre la disolución de las Cortes y fijó los comicios para el 29 de noviembre, unos nueve meses antes de que fuera a terminar la legislatura. En ese contexto, el periodista enlazó el origen de la amnistía con el momento político actual y sugirió que la norma con la que el presidente obtuvo el respaldo para gobernar vuelve ahora al centro del comentario cuando los españoles se preparan para votar de nuevo. Que cuatro de los condenados recuperen su derecho a presentarse añade un ingrediente más a una campaña que arranca el 13 de noviembre y en la que el modelo territorial y el papel de los tribunales prometen ocupar buena parte del discurso de los candidatos.
Dos lecturas enfrentadas de la amnistía
La interpretación de Vallés convive con otra radicalmente distinta, y conviene recordarla para entender el alcance real del debate. El Gobierno, por boca de su portavoz, Elma Saiz, celebró que el Supremo aplique la ley «en su totalidad» y defendió que la amnistía supone más convivencia y una mejor aplicación de las políticas públicas en Cataluña. Quienes la respaldan sostienen que cierra el conflicto en los tribunales y devuelve la normalidad institucional, y subrayan que el propio Constitucional ha avalado su aplicación. Los críticos, entre los que figura el PP, que ha recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, consideran que equipara delitos de distinta gravedad y que debilita la separación de poderes.
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