Varapalo a Puente en Europa: la Justicia abre la puerta a las pymes frente al monopolio del autobús

• Alicia Bonilla
• Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
• • 05/10/2026 05:45
  • Actualizado: 05/10/2026 07:25

La Justicia europea ha dado un revés a la posición que defiende Óscar Puente, ministro de Transportes, sobre el modelo de concesiones de autobús en España. El motivo es que el Tribunal General de la Unión Europea ha admitido a Direbús como parte interviniente en un litigio que puede afectar al funcionamiento de todo el sector y que enfrenta a los defensores del actual sistema de concesiones exclusivas con quienes reclaman una mayor apertura del mercado. En concreto, esta decisión va a permitir a la patronal de empresas de autobuses, Direbús, defender directamente los intereses de las pymes del sector que quieren competir con grandes compañías que operan en las principales rutas de larga distancia en España.

En este sentido, el tribunal ha reconocido expresamente que el procedimiento puede dar lugar a «cuestiones de fondo» que afecten al funcionamiento del transporte de viajeros por carretera. Sin duda, una decisión que, para Direbús, supone un reconocimiento a sus denuncias sobre las barreras regulatorias que mantienen cerrado el mercado español y dificultan la entrada de nuevos operadores.

Por tanto, el conflicto enfrenta dos modelos de transporte. Por un lado, Confebús, patronal que representa a las grandes empresas del sector y que defiende el mantenimiento del actual sistema de concesiones exclusivas, una posición que coincide con la del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente. Por otro, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y ahora Direbús, que apuestan por aumentar la competencia y facilitar el acceso de nuevas compañías al mercado español.

Asimismo, desde Direbús se insiste en denunciar que en el transporte discrecional por carretera, las grandes empresas han disfrutado durante décadas de derechos exclusivos para explotar los principales corredores de larga distancia en nuestro país. Además, sostienen que muchas de esas concesiones llevan más de diez años caducadas, mientras que las pymes españolas que pretenden entrar en el negocio se encuentran con obstáculos regulatorios incluso cuando existe demanda suficiente para prestar esos servicios.

El origen del litigio

El procedimiento judicial, identificado como asunto T-532/25, tiene su origen en el recurso presentado por Confebús para intentar anular una decisión de la Comisión Europea del 16 de abril de 2025. Bruselas intervino entonces en un conflicto entre España y Alemania sobre la autorización solicitada por la empresa alemana FlixBus para operar una línea internacional de autobús entre Tréveris y Madrid. La controversia se centraba en si esos autobuses podían, además de transportar pasajeros entre ambos países, recoger viajeros en España y trasladarlos entre dos ciudades españolas, una práctica conocida como cabotaje. España se oponía a esta posibilidad por su sistema de concesiones de transporte, mientras que la Comisión Europea concluyó que no podía prohibirse el cabotaje únicamente por estar prohibido por la normativa española y autorizó que FlixBus pudiera realizarlo en esa ruta.

Posteriormente, Confebús no estaba de acuerdo con esa decisión de la Comisión y la recurre ante el Tribunal General de la UE. Después, Direbús solicita intervenir en ese procedimiento judicial iniciado por Confebús porque tiene interés en defender su posición sobre el modelo de transporte y la liberalización/cabotaje. Finalmente, como el tribunal ha aceptado la intervención de Direbús en este proceso, esto permitirá que las empresas que aspiran a entrar en el mercado puedan defender sus intereses ante la Justicia europea, frente a la posición de quienes ya cuentan con concesiones.

«Esto ya no puede presentarse como un problema puntual entre una empresa y la Administración», ha asegurado Alfonso Taborda, presidente de Direbús.

Asimismo, el Ministerio de Transportes también recurrió la decisión de Bruselas a través de otro procedimiento judicial diferente, el T-388/25, por lo que Confebús y el Ministerio de Transporte se encaminan en la misma línea, ya que recurren la misma decisión pero mediante dos procedimientos diferentes.

Puente se opone a la apertura del mercado

Igualmente, Direbús sostiene que la política mantenida por el Ministerio de Transportes continúa apostando por un modelo basado en grandes concesiones exclusivas, en lugar de avanzar hacia una mayor liberalización. La asociación recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha denunciado en repetidas ocasiones las restricciones del mercado español, que considera uno de los más caros de Europa.

La organización defiende que el Derecho comunitario debe aplicarse también desde la perspectiva de las pymes españolas que quieren acceder al mercado, y no únicamente desde los intereses de las compañías que ya lo controlan.

En consecuencia, Direbús reclama que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) tenga en cuenta la trascendencia del procedimiento europeo y evite que el Ministerio consuma la adjudicación del corredor Madrid-Zaragoza-Cataluña antes de que exista claridad sobre las reglas del cabotaje y la incidencia de las subvenciones a la demanda.

La asociación pide extender esa prudencia al resto del nuevo mapa concesional para evitar que se repartan los monopolios de la próxima década sin conocer previamente las condiciones definitivas de competencia.

«No pedimos privilegios ni subvenciones. Pedimos poder competir y que, antes de repartir los monopolios de la próxima década, sepamos exactamente cuáles son las reglas del mercado», ha concluido Taborda.

Finalmente, hay que destacar que el cabotaje de viajeros en autobús está permitido en la Unión Europea desde hace años, aunque sujeto a determinadas condiciones. El Reglamento europeo 1073/2009 permite a los operadores con licencia comunitaria realizar servicios nacionales en otros Estados miembros, incluidos servicios ocasionales y determinados servicios regulares integrados en rutas internacionales, siempre que el cabotaje no constituya el objetivo principal de la línea. Empresas españolas como Alsa, una de las grandes compañías de transporte de viajeros por carretera del país, operan además en distintos mercados europeos y cuentan con decenas de autorizaciones internacionales.