Los pescadores obligados a contratar seguridad privada ante el abandono de Sánchez frente a los piratas

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 24/05/2024 06:45
  • Actualizado: 24/05/2024 06:45

Los pescadores españoles denuncian un aumento de los ataques piratas, algo que les está obligando a contratar seguridad privada para protegerse. En concreto, el sector afirma que sus trabajos en el Cuerno de África y en el Océano Índico se están viendo entorpecidos. En ese lugar, España, de la mano de la Unión Europea, mantienen la Operación Atalanta, una incursión en la zona para tratar de evitar este tipo de incidentes. Sin embargo, tal y como ha podido saber OKDIARIO, el Gobierno de Sánchez tan sólo está dedicando alrededor de 18 millones de euros pese a tener un papel protagonista en la operación.

Javier Garat, secretario general de Cepesca, afirma a este periódico que «la Operación Atalanta es una operación de la Unión Europea donde España tiene un papel protagonista porque el cuartel general está en la base de Rota y varias unidades, tanto buques como aviones españoles, participan».

Según el representante, «la operación ha sido fundamental para que se redujera considerablemente los ataques de piratería, tanto a buques mercantes como a buques de pesca». Sin embargo, desde finales del año pasado, los pescadores han sentido un aumento de estos incidentes: «Tenemos que ir con seguridad privada».

Fuentes de Defensa desvelan a OKDIARIO que España tiene en la zona un «avión de Patrulla Marítima P-3 Orion, un patrullero de Altura clase Descubierta, un buque LPD y 40 efectivos». En base a estos datos, las fuentes afirman que la suma de los costes anuales de mantenimiento ascienden a 13 millones de euros. «Si incluyes los sueldos, sube otros 3 ó 4 millones de coste laboral y, además, los costes de combustible y munición son unos 1,5 millones más», explican.

Por tanto, el Gobierno de Sánchez dedica a la protección contra la piratería alrededor de 18 millones de euros al año, una cantidad que está resultando insuficiente dado que los pescadores se están viendo obligados a contratar seguridad privada en sus buques.

Los piratas que atacan a los pescadores

«Tenemos buques atuneros congeladores allí, los que pescan atún para que luego en su mayoría vayan a la lata. Además, hay muchos buques mercantes que transportan alimentos en el marco del Programa Mundial de Alimentos, que se dirigen, sobre todo, a ayudar a los países africanos más necesitados, es decir, para dar de comer a su gente», explica Garat.

Es decir, los pescadores, además de sus labores usuales, realizan actividades altruistas en la región. Sin embargo, a los delincuentes esto no les importa: «Todo eso también está en juego, porque a los piratas les da igual que sea un programa para dar de comer a la gente más necesitada en África. Ellos lo que van buscando es el dinero».

Por ello, los pescadores se ven obligados a llevar a  «tres o cuatro personas armadas a bordo para defenderse» contra los piratas. «Es fundamental para evitar secuestros», advierte el representante del sector.

Además, los trabajadores del mar están preocupados por la renovación de la Operación Atalanta, una de sus exigencias políticas de cara a las próximas elecciones europeas del 9 de junio.

«Le pedimos al Gobierno de España que pelee en Bruselas la renovación del de la Operación Atalanta. Ahora hay otros frentes abiertos como puede ser el del mar Rojo y el de Golfo de Guinea, donde se están concentrando las unidades de defensa. No queremos que se distraiga la atención sobre lo que está pasando en el Índico», reivindica Garat.

De hecho, la crisis del mar Rojo, derivada de la guerra en Gaza y de los continuos ataques de los rebeldes hutíes a los cargueros, ha provocado que el coste del transporte marítimo de contenedores se triplique hasta alcanzar los 5.000 dólares. Esto se debe a que el conflicto afecta a importantes rutas. En concreto, se estima que en torno al 15% del comercio marítimo global pasa por el mar Rojo.

Así, las inestabilidades pueden extenderse y empeorar en más zonas del globo, afectando a los pescadores españoles a sus actividades. El sector ve con preocupación como el foco va cambiando dependiendo de lo más actual, algo que puede provocar el olvido de zonas que son cruciales para el desarrollo de su labor.

La primera consecuencia ha sido el aumento de ataques piratas en la zona del Índico, pero los trabajadores temen que la situación geopolítica impida la renovación de un acuerdo en un momento tan delicado.