El Gobierno promete las viviendas de Campamento para 2027 pero en sus escritos prevé entregarlas en 2031
El Tribunal de Cuentas recoge las previsiones de entrega de las viviendas "para comienzos de la próxima década"
El Gobierno comunicó al Tribunal de Cuentas que las viviendas de Campamento no estarían hasta el año 2031. Según el informe de fiscalización de la actividad de SEPES al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ejecutivo socialista plasmó que la ejecución de las obras de dicha operación finalizarían «a finales de 2030» y que se ocuparían las nuevas viviendas un año más tarde.
Estas fechas distan mucho de las prometidas este miércoles por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Concretamente, en cuatro años. Mientras que Rodríguez ha asegurado públicamente que «a finales de 2027 o principios de 2028» ya estarían las primeras viviendas de Campamento, en el mencionado documento oficial se contradicen y prevén que para esa fecha todavía se esté aprobando «el proyecto de edificación».
De esta manera, para que se cumpliese la promesa del Ejecutivo habría que redactar, licitar los proyectos y las obras y construir las viviendas en un plazo de menos de dos años.
De hecho, en el escrito del pasado mes de septiembre de 2025 se plasma sobre la Operación Campamento que «han pasado veinte años desde el inicio de las actividades, encontrándose en la actualidad pendiente de firma un convenio entre la Administración Estatal y la Municipal que permita ejecutar las obras de infraestructura necesarias para ejecutar el proyecto de urbanización».
Un proyecto bloqueado
En este sentido, el Tribunal de Cuentas situaba las previsiones de entrega de las viviendas «para comienzos de la próxima década» y exponía que para entender su tardanza era necesario desarrollar que en este proyecto habían existido tres etapas «susceptibles de ser diferenciadas».
En concreto, el escrito menciona una primera etapa que abarca el periodo comprendido entre los años 2005 y 2013, durante el cual SEPES asumió la iniciativa de poner en marcha dicha operación, adquiriendo al Ministerio de Defensa los terrenos necesarios y elaborando el correspondiente proyecto de urbanización.
Sobre este periodo destacan «la paralización de la iniciativa al ser declarada por el Tribunal Supremo la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997».
En segundo lugar, expone una segunda etapa que se extiende desde el año 2014 hasta el 2022, caracterizada, según el TC, por la «práctica paralización del proyecto y la ausencia de iniciativa significativa alguna que permitiera el desbloqueo de la Operación Campamento».
Por último, apunta a una tercera etapa que, iniciada en 2022, se extiende hasta la actualidad, definida por la «recuperación de las iniciativas que, previsiblemente, han de concluir con la edificación y puesta a disposición de los destinatarios finales de las viviendas y llevar a término el completo desarrollo previsto».
Almeida lo considera «imposible»
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado precisamente este miércoles al Gobierno «flexibilidad de tiempo» porque «es una tomadura de pelo» e «imposible» cumplir con lo establecido por uno de los últimos reales decretos del Ministerio de Hacienda, donde se fuerza a redactar, licitar y ejecutar vivienda pública «en un año natural».
«Eso es imposible, eso es una tomadura de pelo, eso no se lo podemos decir a los españoles», ha advertido en el Senado. «Necesitamos que nos dé la flexibilidad de tiempo necesaria para que podamos efectivamente redactar, licitar y ejecutar la vivienda en el plazo de tiempo en que esto se tiene que hacer. Debemos ser conscientes de los trámites administrativos, burocráticos y de ejecución de vivienda y esto no se hace en un solo año», ha subrayado.
En el caso de la Operación Campamento, cabe recordar que ocupa una superficie de 2.110.206 metros cuadrados y cuenta con una edificabilidad de usos lucrativos residenciales y terciarios de 1.287.382 metros cuadrados. Ese espacio permitirá la ejecución de unas 10.700 viviendas de las que, aproximadamente, el 65% gozará de protección pública.
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