El notario de la venta de ADIF a BBVA en la Operación Chamartín se niega a explicar a OKDIARIO por qué no pidió permiso al Gobierno

El notario Antonio Pérez Coca, que autorizó la escritura de compraventa de los terrenos de ADIF a BBVA correspondientes a la Operación Chamartín, se negó a explicar a OKDIARIO por qué no exigió una autorización expresa del Consejo de Ministros para formalizar la operación. La transmisión de estos terrenos públicos (procedentes de la Operación Chamartín, realizada el 19 de diciembre de 2024) está cuestionada judicialmente por el Grupo Baraka, que sostiene que se incumplieron los requisitos legales necesarios para llevar a cabo la venta.

Resulta además muy llamativo que no se pidiera dicha autorización, dado que el propio notario sí la había requerido en otras ocasiones de una cuantía inferior. Como ejemplos, la venta de una parcela en Castellana en el año 2014 o la de varias parcelas de Méndez Álvaro en octubre de 2020.

La controversia gira en torno a la aplicación del artículo 135 de la normativa patrimonial, que regula la autorización de determinadas operaciones inmobiliarias públicas. La cuestión fundamental es si ADIF estaba obligada a obtener previamente el visto bueno del Consejo de Ministros y, en ese caso, por qué la escritura pudo formalizarse sin acreditar dicho requisito.

Pérez Coca sostiene que la operación era correcta, pero no ha explicado públicamente qué interpretación jurídica permitió autorizarla. Ante un montante tan elevado como el que se da en esta operación, siempre se pide esa autorización.

Pérez evita aclarar la falta de autorización

OKDIARIO se puso en contacto directamente con Antonio Pérez Coca para conocer los motivos por los que no se exigió la autorización gubernamental, pero el notario rechazó pronunciarse sobre el procedimiento seguido para formalizar la transmisión de los terrenos de ADIF a BBVA.

Ante la pregunta concreta de si había comprobado que la operación contaba con la aprobación del Consejo de Ministros, Pérez Coca evitó responder: El notario tampoco quiso aclarar si consideraba que esa autorización era legalmente necesaria. «Ni si pasó, si no pasó, si era necesario… Si no lo era», respondió al insistir la periodista sobre el trámite gubernamental.

Pérez Coca justificó su negativa a ofrecer explicaciones apelando al secreto del protocolo notarial y a la existencia de intereses particulares afectados por la operación. También señaló que los interesados pueden obtener información por los cauces legalmente establecidos y, cuando corresponda, mediante la autoridad judicial.

El artículo 135

El principal argumento jurídico que sustenta las reclamaciones contra la operación se encuentra en el artículo 135.3 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Esta disposición establece que, cuando el valor de los inmuebles o derechos que enajenan la Administración General del Estado o sus organismos públicos supera los 20 millones de euros, la venta debe contar con autorización del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda.

No se trata, por tanto, de un trámite que pueda omitirse por una simple cuestión de oportunidad cuando concurren los presupuestos legales para su aplicación. La autorización constituye un requisito expresamente establecido por la legislación patrimonial para las operaciones sujetas a ese precepto.

La reclamación de Baraka parte precisamente de que la compraventa de los terrenos de ADIF a BBVA se formalizó sin esa autorización. Según la información recabada por OKDIARIO, la revisión de las actas y referencias de los consejos de ministros no permitió localizar una aprobación expresa de la operación.

La ausencia de ese acuerdo plantea una cuestión determinante: si la compraventa estaba sometida al artículo 135.3, la falta de autorización afectaría a un requisito legal de la transmisión, por lo que sería ilegal. Para determinar si existió efectivamente un incumplimiento, resulta necesario comprobar el valor de tasación, el régimen jurídico concreto de los terrenos y la posible existencia de disposiciones especiales aplicables a ADIF.

Baraka lleva a la Audiencia Nacional la operación de Madrid Nuevo Norte. La controversia se suma al procedimiento impulsado por el Grupo Baraka y la asociación Reversionistas No Abuso ante la Audiencia Nacional, en el que se cuestionan los actos administrativos que permitieron desarrollar la operación inmobiliaria de Madrid Nuevo Norte.

Los recurrentes solicitan la nulidad de la novación de la concesión firmada el 28 de diciembre de 2018, cuando Isabel Pardo de Vera presidía ADIF y José Luis Ábalos era ministro de Fomento. También pretenden que se anulen los actos y contratos derivados de aquella modificación, incluida la escritura de compraventa formalizada el 19 de diciembre de 2024.

La impugnación afecta así a dos momentos distintos de la operación: la modificación de las condiciones concesionales en 2018 y la posterior transmisión de los terrenos a BBVA.

La intervención del notario adquiere relevancia porque fue el profesional encargado de autorizar la escritura de compraventa cuya validez se cuestiona. Sin embargo, la existencia de una escritura pública no sustituye las autorizaciones administrativas que resulten legalmente exigibles.