Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: si un vecino no quiere poner su nombre en el buzón, se puede apelar al artículo 9.1

• Aitana Pascual
• Aitana Pascual Cuesta (2001) es estudiante de Periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid desde el 2023. Escogió esta profesión por su gran vocación con la comunicación y la escritura. Hoy en día, tiene mucho interés por la historia, deportes y actualidad. Su principal objetivo es seguir formándose y aprender a contar los sucesos de forma clara y rigurosa.
• • 11/11/2026 17:00
  • Actualizado: 11/11/2026 17:00

La identificación de los vecinos en los buzones puede convertirse en un motivo de discusión en muchas comunidades de propietarios. Mientras algunos consideran imprescindible que aparezcan los nombres y apellidos para facilitar el reparto de cartas y evitar confusiones, otros prefieren mantener sus datos personales fuera de la vista de terceros. Ante esta situación, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) contempla en su artículo 9.1 una serie de obligaciones relacionadas con las comunicaciones entre los propietarios y la comunidad. Sin embargo, hay un matiz importante, ya que la legislación no establece una obligación general de escribir el nombre en el buzón.

Qué dice realmente el artículo 9.1

La clave se encuentra en el apartado h) del artículo 9.1 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. Este precepto establece que cada propietario debe comunicar al secretario de la comunidad un domicilio en España donde recibir las citaciones y notificaciones relacionadas con el edificio. La comunicación debe realizarse mediante un procedimiento que permita dejar constancia de su recepción.

La norma también contempla qué sucede cuando un propietario no facilita esa dirección. En ese supuesto, se considera como domicilio válido para las notificaciones la propia vivienda o local que posee dentro de la comunidad. Si tampoco resulta posible efectuar la entrega allí, la ley permite recurrir al tablón de anuncios o a otro lugar visible habilitado para ello, siguiendo determinados requisitos. 

¿Puede la comunidad obligar a poner el nombre

Aquí está la cuestión que genera más dudas. El artículo 9.1 no menciona en ningún momento que los propietarios deban colocar su nombre y apellidos en el buzón. Su finalidad es garantizar que la comunidad pueda contactar con ellos cuando sea necesario, no imponer una identificación pública de quienes viven en cada vivienda.

Por tanto, negarse a mostrar el nombre en el buzón no supone, por sí solo, incumplir la Ley de Propiedad Horizontal. No obstante, antes de resolver un conflicto de este tipo, conviene consultar los estatutos de la comunidad y los acuerdos adoptados válidamente por la junta de propietarios, ya que pueden existir normas internas relacionadas con la identificación y la correspondencia. 

La protección de datos también importa

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la normativa de protección de datos. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recuerda que las comunidades de propietarios también están sujetas al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), puesto que manejan información personal como nombres, apellidos, direcciones y correos electrónicos.

Esto significa que cualquier tratamiento o difusión de esos datos debe contar con una base jurídica adecuada y respetar los principios de la normativa. Por ello, no se puede justificar automáticamente la publicación de información personal alegando únicamente que facilita la convivencia entre vecinos. 

Propietarios e inquilinos: una diferencia importante

También hay que distinguir entre quienes son propietarios y quienes simplemente residen en el inmueble como inquilinos. El artículo 9.1 recoge obligaciones específicas de los propietarios frente a la comunidad, por lo que no puede aplicarse automáticamente de la misma manera a cualquier persona que viva en el edificio.

En definitiva, la Ley de Propiedad Horizontal no obliga con carácter general a poner el nombre en el buzón. Lo que exige es que los propietarios faciliten un domicilio válido para recibir las comunicaciones comunitarias. Una diferencia importante que conviene conocer antes de iniciar una disputa con los vecinos.