El PP activa a sus servicios jurídicos por el ‘caso Azud’ y el del hermano de Ximo Puig

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha activado a sus servicios jurídicos para estudiar si caben medidas legales en dos de los casos que está empeñado en esclarecer. El caso Azud y el que afecta a Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig. 

En el caso Azud, los populares quieren saber si el borrado de los registros de entrada al Palacio de la Generalitat entre 2015 y 2022 puede tener visos de una supuesta ilegalidad. En el caso que afecta al hermano de Ximo Puig, este miércoles, el portavoz adjunto de los populares en las Cortes Valencianas Miguel Barrachina, directamente ha acusado a Ximo Puig de «boicot judicial» al Juzgado de Instrucción 4 de Valencia: el que dirige la investigación.

‘Caso Azud’

El PP valenciano solicitó en diciembre a la Generalitat conocer si el ex tesorero del PSOE valenciano José María Cataluña había visitado el Palacio de la Generalitat entre 2015 y 2022. Pero la Generalitat le ha respondido que  la información registrada en la aplicación «es eliminada cuando ha transcurrido un mes desde su registro, en cumplimiento de la normativa de protección de datos».

Pero el PP ha echado mano de la legislación. Y estudia si ese borrado es conforme a derecho o supuestamente vulnera algunas de las normas y/o leyes que rigen el tiempo y las causas que deben obligar a la Administración a guardar esos archivos y por cuanto tiempo, supuestamente, debiera haberlo hecho. 

Caso del hermano de Ximo Puig

El caso del hermano de Ximo Puig es distinto. Aquí, el juzgado de instrucción que ha dirigido el procedimiento hasta ahora ya ha dictado el fin de la fase de investigación a causa del error de un funcionario. Ese auto ha sido recurrido por el PP, que es parte en la causa y está a la espera de resolución.

Pero no es este el problema. La cuestión de fondo radica en que este miércoles se han cumplido 11 meses desde que Instrucción 4 de Valencia pidió a Intervención de la Generalitat Valenciana más documentación sobre este caso, sin que la haya recibido. Y esto, es lo que ha llevado, también este miércoles, a Miguel Barrachina a denunciar el «boicot de Ximo Puig a los procesos judiciales y parlamentarios que tratan de investigar sus presuntas corruptelas».

Según el relato de Barrachina, el juzgado solicitó las carpetas con la documentación de las subvenciones presuntamente fraudulentas recibidas por las empresas del hermano de Ximo Puig. Y aún no le han respondido: «El objetivo -ha dicho- es retrasar el proceso, encubrir a su hermano y que lleguen a las elecciones sin que haya ninguna responsabilidad al respecto y no le salpique».

Pero, también, ha revelado que ante la presión parlamentaria: «Hacienda pidió a Educación la información que tiene que remitir al Juzgado». Y ha criticado que «han tenido que pasar 10 meses para que el consejero de Hacienda Arcadi España se dirija a su compañera de Gabinete, Raquel Tamarit (Compromís) para pedirle la documentación que incrimina a Francis Puig». Para insistir en que: «Esto es un boicot judicial de Ximo Puig al Juzgado de Instrucción número 4».