El Poder Judicial pospone la decisión sobre la juez de la DANA ante la división de sus vocales

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 15/09/2026 15:38
  • Actualizado: 15/09/2026 15:38

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este martes aplazar su decisión acerca de las quejas presentadas contra la juez que instruye la causa de la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia, la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, por la intromisión del marido de la magistrada, el también juez Jorge Martínez Ribera, en la instrucción de la causa. La decisión se ha adoptado solo un día después de que la inmensa mayoría de los medios publicase que la instructora no iba a ser sancionada y que las quejas contra ella se archivarían. Sin embargo, este martes, el punto se ha retirado del orden del día, lo que en círculos próximos se ha interpretado como que existe una parte importante de los vocales que está lejos de esa decisión.

De hecho, la Comisión Permanente del CGPJ ha adoptado esta decisión después de que el promotor de Acción Disciplinaria del citado Consejo, Ricardo Conde, haya propuesto en un informe el archivo de las citadas quejas, como ha publicado OKDIARIO. El punto referente a esta cuestión ha sido retirado del orden del día «para un mayor estudio».

La iniciativa adoptada por la Comisión Permanente se ha producido porque, al parecer, no todos los miembros de la misma tenían clara la decisión de archivar las diligencias previas abiertas por el instructor.

La decisión del Consejo se ha producido solo un día después de que la instructora acordase prorrogar la investigación por un periodo adicional de seis más al que concluirá el próximo 30 de octubre y que llevará la instrucción hasta el 30 de abril, justo a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales de mayo del próximo año 2027.

Tal como ha relatado OKDIARIO este lunes, el hasta hace poco letrado de Salomé Pradas, Eduardo de Urbano, presentó la primera queja de las tres que ahora dirime el CGJP. Fue en mayo de 2025. En ella denunciaba que el derecho de defensa de su clienta había resultado «gravemente afectado» por la forma en que se ha conducido la instrucción. La queja apuntaba a los autos de imputación del 10 de marzo y del 9 de mayo, en los que la juez se refería a un aviso «tardío y erróneo» y a una «manifiesta pasividad» a la hora de alertar a la población.

Pradas amplió después su queja al considerar insuficiente la transcripción de su declaración del 11 de abril, una sesión que se prolongó cerca de tres horas y que, según su defensa, quedó reducida a un resumen de apenas diez folios.

Por su parte, Argüeso pidió la suspensión tanto de la juez como de su marido, y que la instrucción pasara a manos de «su sustituto legal».

La tercera queja, la de Rubén Gisbert, se centra directamente en la «injerencia» de Martínez Ribera, al que acusa de tomar declaración a testigos en el juzgado de su esposa. Algo que documentó este periódico con fotografías, vídeos y testimonios de las víctimas que fueron llamadas a declarar al juzgado de Ruiz Tobarra, pero a las que les tomó testimonio su marido.

OKDIARIO reveló que el marido de la juez, magistrado adscrito al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, ha sido visto en repetidas ocasiones en la sala de vistas de Catarroja durante diligencias del caso. El magistrado ha llegado a estar presente dando indicaciones.

El propio diario Las Provincias, en un perfil de la instructora, llegó a describir la relación entre ambos jueces como una «simbiosis» difícil de deslindar en el desarrollo de la causa.

El letrado Rubén Gisbert presentó además una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la juez y su marido, que fue inadmitida. Sin embargo, la propia Sala de lo Civil y Penal del TSJCV dejó constancia en su auto de que esa participación podría «fundar algún tipo de responsabilidad disciplinaria», aunque descartó que constituyera el delito imputado.

Seis víctimas de la DANA habían solicitado ya en febrero la recusación de la juez y la nulidad de las actuaciones practicadas desde que asumió la dirección de la causa. La magistrada rechazó esa recusación, así como el recurso de reforma posterior, y en el informe remitido a la Audiencia de Valencia evitó pronunciarse sobre el fondo del asunto, limitándose a calificar el planteamiento del letrado como una interpretación «ciertamente reduccionista» de la relación conyugal.

El Pleno del CGPJ ya había denegado semanas atrás, como también publicó OKDIARIO, el amparo solicitado por la propia juez en relación con otro frente distinto: el requerimiento del Colegio de Abogados de Valencia para que cesara en el uso de expresiones que, a su juicio, afectaban a la dignidad de los letrados. El Consejo solo le dio la razón en un aspecto formal, y avaló en todo lo demás la resolución del colegio profesional.