Comunidad Valenciana
AYUNTAMIENTO DE MORELLA

Morella vendió un local a un precio un 53% por debajo de mercado a una empresa del hermano Ximo Puig

Antifraude detecta "presuntas irregalridades administrativas" en la operación y la existencia de una "presunta subvención encubierta"

La empresa pública del Ayuntamiento de Morella, Iniciativa per la Promoció del Tint de Morella SL (Inprotint), vendió en 2014 a Comunicacions dels Ports, una empresa ligada a Francis Puig, hermano del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, un local comercial con una superficie de 276,87 metros cuadrados por un precio de 147.095 euros sin IVA. Es decir, a un valor un 53% inferior al precio de mercado. Así, se desprende de la resolución emitida por la Agencia Valenciana Antifraude el pasado 28 de mayo, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

En concreto, Antifraude explica en su resolución que, según el Anuario de Estadística Registral Inmobiliaria elaborado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles de España, durante aquel año, 2014, el precio medio de venta de locales en la Comunidad Valenciana se situó en 999 euros el metro cuadrado, «frente a los 531 €/m² en los que se cuantificó la enajenación de la mercantil Comunicacions dels Ports SA, lo que representa un 53,15% inferior».

Morella es el ayuntamiento del que fue alcalde entre 1992 y 2012 el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Tras su marcha, quedó como primer edil el también socialista Rhamsés Ripollés, hasta que en los comicios de mayo de 2023, una formación de corte local arrebató, con el apoyo del PP, el Ayuntamiento al PSOE. Por tanto, cuando Comunicacions dels Ports adquirió el citado local, el consistorio estaba dirigido por los socialistas.

Además, la resolución de Antifraude detecta otra serie de supuestas anomalías, porque, según expresa, «la enajenación de inmueble no se habría articulado conforme a las exigencias propias del régimen jurídico del patrimonio público local por la ausencia de tasación o valoración técnica previa que permitiera fijar un precio inicial objetivo y razonable; la inexistencia de pliegos administrativos que regulasen el procedimiento de enajenación; la falta de publicidad y concurrencia impidiendo la participación de potenciales interesados en condiciones de igualdad». Y, finalmente: «No se utiliza la subasta sino un procedimiento singularizado de negociación de condiciones de forma directa, carente de criterios objetivos previamente definidos».

Antifraude señala expresamente como uno de los planos de supuestas «irregularidades administrativas» lo que califica de «presunta subvención encubierta». Y destaca al respecto que: «(…) la enajenación de 2014 por debajo de su valor de mercado entre una sociedad municipal y una empresa privada podría considerarse una ayuda de Estado (subvención encubierta) ilegal para la Comisión Europea y haber afectado injustamente a la competencia y a los intercambios comerciales entre empresas (…)».

Finalmente, la Agencia Valenciana Antifraude decidió archivar el caso porque, a raíz del tiempo transcurrido, cualquier responsabilidad estaría «prescrita». Pero el PP ha solicitado un pleno extraordinario municipal, convocado para este viernes a las 10:00 horas, en que explorar, entre otras cuestiones, «todas las vías que la justicia nos permita para condenar a los autores de esta trama corrupta», según ha expresado su portavoz en el Ayuntamiento de Morella, Jesús Ortí.

Por otra parte, tal como adelantó OKDIARIO el pasado 31 de enero, el titular del juzgado de instrucción 4 de Valencia sentó en el banquillo a Francis Puig, hermano del ex presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, y al socio del primero, Juan Enrique Adell, por los presuntos delitos de estafa y falsedad en el marco del conocido como caso del hermano de Ximo Puig, que ha sido investigado a raíz de una querella presentada por el PP valenciano. Y tiene su origen en la presunta existencia de delitos en la obtención de subvenciones, por parte de empresas relacionadas con el hermano de Ximo Puig, procedentes de las dos administraciones: la Generalitat Valenciana y la de Cataluña.

Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de España cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las regiones ultraperiféricas para el transporte de mercancías en Canarias. ”Una manera de hacer Europa”