La Sindicatura denuncia que el personal de la Oficina Anticorrupción de Armengol no acredita el catalán

La Sindicatura de Cuentas denuncia que el personal de la Oficina Anticorrupción del Parlament balear, ente público creado por el Govern presidido por la socialista Francina Armengol, y al frente de la cual, figura un alto cargo vinculado a gobiernos del PSOE, Cristóbal Milán, no acredita el nivel de catalán.

Así se recoge en un informe que ha sido presentado en el Parlament balear, que a través de la Comisión de Hacienda, instó a la Sindicatura a llevar a cabo esta auditoría.

Entre otras cuestiones, y en relación a la gestión de los recursos humanos y gastos de personal del citado organismo, la Sindicatura advierte de que la Oficina no ha rendido la documentación acreditativa de los niveles de catalán requeridos a las personas que ocupan cada uno de los puestos de trabajo, ni la de la fecha en que han obtenido esta documentación, en su caso.

«Esto hace que la Sindicatura no haya podido verificar que los funcionarios de la Oficina cumplen el requisito del nivel de catalán exigido respecto a los puestos de trabajo que ocupan, y si la acreditación de este nivel se ha producido dentro del plazo de dos años, y no después, fijado en la disposición adicional sexta del Decreto 11/2017, de 24 de marzo, de exigencia de conocimientos de la lengua catalana en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública para ocupar puestos de trabajo de la Administración de la CAIB».

Pese a las, reiteradas peticiones realizadas, la Oficina ha rechazado remitir la documentación requerida sobre este extremo.

A ello hay que sumar el hecho de que, en relación a la convocatoria ordinaria para acceder a los distintos niveles que integran la carrera profesional horizontal, la Oficina tampoco «ha rendido la documentación justificativa de los méritos alegados (certificados de cursos, jornadas u otras actividades formativas o de perfeccionamiento) por dos funcionarios que, por resolución de 24 de febrero de 2021, han alcanzado el nivel III de carrera profesional horizontal», por lo que la Sindicatura no ha podido verificar las valoraciones efectuadas por el Comité de Evaluación de dicha convocatoria.

Las irregularidades cometidas en materia de personal por este ente público no son nuevas. De hecho en su informe los síndicos recuerdan que su dictamen sobre cumplimiento de la legalidad de este organismo público durante los ejercicios 2019 y 2020, puso de manifiesto determinados incumplimientos significativos, «dado que se encontraron indicios razonables de nulidad de pleno derecho o de anulabilidad de algunos de los actos realizados en los ejercicios citados».

De hecho estas irregularidades provocaron «una conclusión desfavorable en cuanto a la gestión de los recursos humanos y los gastos de personal en los informes de esos dos ejercicios».

En esta ocasión en el informe de 2021, la situación se vuelve a repetir porque, como subrayan los síndicos, «también se han observado indicios de irregularidades en algunos actos dictados en materia de gestión de recursos humanos».

Así, por ejemplo, durante 2021 se realizaron tres procesos selectivos. Concretamente, se convocaron de forma independiente, los procesos para ocupar tres plazas de libre designación. Pues bien, de la revisión de los procesos de selección y provisión, la Sindicatura denuncia que no consta la existencia de una Comisión de Valoración en la selección de los puestos provistos por libre designación.

Pese a que la Sindicatura ha requerido a la Oficina para que acredite su constitución y la reunión efectiva de la misma, la dirección de este ente público no ha contestado, y como denuncian en su informe, «se observa que el director de la Oficina ha llevado a cabo, de nuevo, directamente la selección del personal de libre designación».

Por eso, advierte la Sindicatura, la selección del personal de libre designación podría resultar afectada por una causa de anulabilidad, al haberse infringido el precepto que, en la ley de creación de la Oficina, obliga a constituir esa comisión. «Por ello, se observan indicios de anulabilidad al haberse omitido la constitución de la comisión de valoración en los procedimientos de provisión y selección de los puestos de libre designación adjudicados durante 2021».