Prohens exige a Sánchez que Baleares tenga plenas competencias en las concesiones de chiringuitos costeros

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 16/02/2024 06:51
  • Actualizado: 16/02/2024 06:51

El Govern que preside Marga Prohens ha presentado una moción para su debate en el Parlament en la que exige al Gobierno central de Pedro Sánchez que Baleares tenga plenas competencias en las concesiones de chiringuitos costeros y demás instalaciones del litoral balear, algo de lo que hasta ahora carece, por el traspaso fake de competencias que aceptó la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, la pasada legislatura cuando lideraba el Ejecutivo de las Islas.

En concreto la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario del PP insta al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico a atender las peticiones de la sociedad civil y las instituciones insulares y autonómicas, «con carácter previo a la aprobación de cualquier normativa que tenga afectación sobre el futuro de nuestro litoral y, en particular, sobre la propiedad de bienes inmuebles o titularidad de concesiones administrativas en localizadas en el litoral balear».

Todo ello a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que, estimando las pretensiones de la Plataforma de Afectados por la Delimitación de Formentera, ha anulado por completo el Real Decreto 688/2024, de 1 de agosto, que modificó el Reglamento General de Costas.

La sentencia concluyó que se había vulnerado aspectos esenciales del procedimiento legal, como lo es el trámite de consulta previa al que debió someterse el Gobierno antes de aprobar la norma, si bien el anterior Govern de la socialista Armengol, admitió sin rechistar esta vulneración de derechos.

La aprobación del ahora suspendido reglamento, generó una gran controversia y provocó críticas generalizadas en Baleares por parte de diferentes colectivos de afectados, que se negaban a aceptar el contenido de una norma que perjudicaba los intereses de los propietarios de inmuebles y de los titulares concesiones localizadas en toda la extensión del litoral.

A esta resistencia se sumaron los consells de Ibiza, Formentera y el Govern ya liderado por el PP de Marga Prohens esta legislatura, manifestando un amplio rechazo por entender que se trataba de una norma llena de arbitrariedades en favor de la Administración, y en contra de los derechos de los ocupantes de la costa.

Toda esta contestación social e institucional no hizo rectificar en modo alguno al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que decidió ignorar las alegaciones de los afectados y las advertencias del resto de instituciones insulares y autonómicas, si bien los tribunales tumbaron finalmente la nueva normativa.

Una victoria legal de la citada plataforma ciudadana que ha representado, a su vez, un alivio para los miles de personas en toda España que llevaban décadas luchando por el respeto a sus derechos en el litoral, y una advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la importancia que tiene en un estado de derecho la transparencia, el respeto hacia los procedimientos legales y, sobre todo, sus consecuencias para el poder político por ignorar la voz de los afectados.

Con este revés judicial se abre una nueva vía de esperanza para los titulares de derechos en el litoral y, según el PP, «es una oportunidad para que el Gobierno de España reconsidere su actitud, escuche la sociedad civil y el poder representativo de las instituciones insulares y autonómicas, antes de volver a desarrollar textos normativos que afectan al futuro de nuestro litoral».

Por ello, el Ejecutivo balear exige que ante el varapalo cosechado en los tribunales, el Ministerio de Transición Ecológica que preside la socialista, Teresa Ribera, desista de la aprobación de un nuevo Real Decreto para la modificación del Reglamento de Costas que aumente la arbitrariedad en la determinación de los deslindes, y en los otorgamientos de las concesiones administrativas en dominio público, tal y como sucedía en la normativa anulada por la sala contenciosa administrativa del Tribunal Supremo.